En comunicación con EL DEBATE el presidente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, denuncia “UNA ESTAFA VIAL QUE FINALIZA EN OCTUBRE 2023” y la misma tiene que ver con la concesión del Corredor Vial N° 18, que incluye las Rutas Nacionales 12 y 14 (peaje en Zárate-Brazo Largo), llevada a cabo en los años 90, incorporando posteriormente el Puente Rosario – Victoria, ya que el CONADUV asegura que se trata de “una estafa vial que persiste en el tiempo y generando serios perjuicios económicos y sociales a los usuarios viales y a toda la comunidad”.
Zárate hace años que se cobra
El ing. Ricardo Lasca que preside la Entidad, le dijo a este Multimedios que la lucha es “BASTA DE PEAJE – QUE NO SE REPITA EL MISMO ERROR”, ya que se trata de “Un verdadero impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, y que además ha demostrado ser un fracaso”.
El contrato respectivo, renegociado en forma ilegal, prácticamente con inversión cero y riesgo cero por parte del concesionario, vence en octubre del corriente año, motivo por el cual se abre una gran oportunidad para que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), “LIBRE DEL COBRO DE PEAJE”, se haga cargo del correspondiente mantenimiento y conservación a través de la reasignación efectiva de parte de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles.
Lamentablemente, las Autoridades correspondientes están considerando tres posibilidades, las cuales incluyen desafortunadamente continuar con el régimen nefasto de peaje directo con cabinas de cobro en ruta.
Una de ellas, es que se haga cargo del corredor vial 18 y del Puente Rosario – Victoria, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), “pero continuando con el cobro de peaje”.
La segunda es que dicha concesión quede en manos de la Empresa “estatal” Corredores Viales S. A., la cual es innecesaria, burocrática, sin estructura, sumamente costosa y deficitaria, y que se limita solamente a recaudar el peaje sin contraprestación alguna, actuando indebidamente en forma paralela a la DNV.
La tercera posibilidad, es llamar a una nueva licitación continuando con el cobro de peaje inconstitucional, injusto, ilegal e inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. A tal efecto, el CONADUV rechaza categóricamente toda alternativa propuesta que contemple seguir con el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta.
Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), manifestó: “desde el CONADUV trabajamos y lo seguiremos haciendo para que de una vez por todas se den por finalizadas las concesiones viales bajo el régimen nefasto de falso peaje o impuesto al tránsito. Hay que poner en práctica urgentemente un verdadero proyecto vial libre de peaje que contemple toda la red caminera del País, financiado a través de la efectiva reasignación de los fondos que se recaudan del Impuesto a los Combustibles y rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad para que vuelva a ser el Organismo Rector de la Política Vial.”
Asimismo, el Ing. José Raúl Rizzo, Secretario General Adjunto e Interior de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, integrante del CONADUV, declaró: “reitero que la conservación y mantenimiento de la concesión en cuestión debe ser realizada por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), libre de peaje. Incluso deben replantearse las concesiones por peaje que son deficitarias, buscando otro sistema de gestión que sea menos oneroso y más equitativo.”
A su vez, Jorge Zatloukal, ruralista y también integrante del CONADUV, expresó: “las rutas sin el cobro del falso peaje, mejorarán la competitividad regional y darán mayor posibilidad para exportar. Sin empresas estatales o privadas como concesionarias, se logrará terminar con las cajas políticas y los negociados con la obra pública”.
Considerando que los caminos son de dominio público, sería sumamente interesante y conveniente que antes de tomar decisiones erróneas que afecten nuevamente a la sociedad en su conjunto y muy especialmente los derechos de quienes transitan por el corredor vial en cuestión, convocar a los usuarios viales directos e indirectos a una mesa de diálogo y trabajo donde se puedan cambiar opiniones al respecto.
