La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, alcanza a Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos.
El Gobierno oficializó este lunes la intervención de los medios públicos por un año y designó a los funcionarios que estarán a cargo, una medida que ya había sido anunciada, y que ahora fue finalmente publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La disposición abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos -que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar- unidades todas que quedaron bajo el control de la Jefatura de Gabinete.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, un abogado mendocino que ocupó durante 20 años cargos gerenciales en medios del grupo América. El adjunto, Diego Sebastián Marias, fue diputado en la Legislatura porteña entre 2017 y 2019 por el bloque de Pro. Antes de eso se había desempeñado como funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, junto al entonces ministro Esteban Bullrich.
Ambos funcionarán bajo la órbita de la dependencia que conduce Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez.
De acuerdo al texto oficial, los interventores tendrán las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio, a su presidente y, especialmente, las establecidas en el decreto en cuestión.
En este sentido, Chaher y Marías deberán “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades” que será puesto a consideración del Ejecutivo; evaluar, modificar el Estatuto para el personal del organismo o aprobar uno nuevo; modificar el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.
Los funcionarios estarán habilitados a modificar la denominación de los organismos, a revisar la administración de compras y contrataciones; disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado en el que se encuentran, así como presentar la rendición de cuentas.
También podrán “designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas”. (DIB)