Por decreto, el gobierno de Javier Milei puso en revisión los beneficios de los que gozan los clubes. Además revisará los balances de la entidad. Recrudece la tensión tras la reelección de Chiqui Tapia.
Ámbito Financiero
Luego de reabrir el frente de conflicto contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y tras no poder frenar la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar y enfocarse en los balances de la entidad deportiva por presuntas irregularidades. Sumado a esto, ultiman los detalles legales para quitarles beneficios impositivos a los clubes que la integran.
Mediante el Decreto 939/2024, se estableció que los beneficios fiscales para los clubes del fútbol argentino finalizarán dentro de seis meses, tomando como punto de partida este martes, cuando se publicó en el Boletín Oficial la medida.
Al mismo tiempo, esta decisión crea un Comité para fijar “un sistema eficiente, suficiente y sostenible para su reemplazo”, en este lapso, según indica el documento.
El decreto afirma: “El régimen establecido por el Decreto N° 510 del 10 octubre de 2023 finalizará a los seis meses de la entrada en vigencia del presente”.
Así, la tensión entre el gobierno y la AFA se intensifica, dado que la medida fue tomada pocos días después de que el organismo futbolístico omitió el fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ) e igualmente realizó la Asamblea en la que reeligió a Tapia como presidente.
Cuál es el objetivo del decreto
El expresidente Alberto Fernández había restituido el Decreto 1212, mediante el DNU 510/2023. El mismo le otorgaba beneficios impositivos a los clubes argentinos, algunos en una situación compleja.
Esta nueva medida apunta que “habiendo transcurrido un año de la modificación del régimen, se ha constatado que el total de percepciones y retenciones ingresadas destinadas a cancelar las obligaciones comprendidas en él resultan exiguas”.
“La aplicación del régimen ordenado por el Decreto N° 510/23 implicó, entre los meses de noviembre de 2023 a abril de 2024, una pérdida de $7.091.928.560 en el régimen general”, exhibe.
Luego, enfatiza: “Es necesario modificar las condiciones actuales del régimen para evitar que continúe ensanchándose el desfinanciamiento del sistema y fijar un plazo para evaluar y revisar el régimen actual, vencido el cual, finalizará el régimen previsto en el citado Decreto N° 510/23”.
Asimismo, según el decreto, para el Gobierno es “pertinente crear un Comité, cuyas opiniones no serán vinculantes, el que tendrá como propósito discutir la reformulación del régimen y diagramar un sistema eficiente, suficiente y sostenible para su reemplazo”.
La junta contaría con distintos tipos de representantes: integrantes de la AFA, de los clubes, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía, de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Turismo, del nuevo ARCA, del Ministerio de Desregulación, de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Secretaría de Trabajo.
La IGJ consideró “ilegal” la reelección de Claudio Tapia al frente de la AFA
Luego de que la Asamblea Ordinaria se haya hecho igual y sea reelegido Chiqui tapia al mando del fútbol argentino, la Inspección General de Justicia, que advirtió que el dirigente “desobedeció la resolución de la IGJ que declaró la convocatoria a elecciones como irregular”.
En ese sentido, el pasado jueves, el titular del organismo contralor, Daniel Vítolo, afirmó que “el proceso de reelección anticipada de Tapia en la AFA se ha dado de forma ilegal. Cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la justicia”.
Además, el funcionario advirtió que “las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como Presidente de la AFA. Nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ”, amplió.
Vítolo insistió que el resultado de las elecciones, en las que “Chiqui” era el único candidato, no va a ser aprobado y que “lo que se resolvió (en la Asamblea) no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”.
“Están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal”, auguró el funcionario.
