“Desde Aiepesa-Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos queremos dar a conocer a la prensa y a la opinión pública en general el calamitoso estado en que la gestión del gobierno de Mauricio Macri dejó a las instituciones y transportistas que trabajan con personas con discapacidad y que, en consecuencia, muchas de estas personas han perdido el acceso a derechos básicos”, declara la asociación en la gacetilla enviada a EL DEBATE.
La nueva gestión del organismo encargado de regular el Sistema de atención a las personas con discapacidad, encabezada por el Dr. Claudio Espósito, ha reconocido la crítica situación y se ha puesto en contacto con los representantes de las organizaciones de prestadores, entre las que se encuentra Aiepesa, y ha prometido comenzar a saldar la deuda los próximos días, afirmando que ya dispone de una partida de 2.000 millones de pesos para hacerlo. Los más de 6.000.000.000 restantes estarán disponibles en un plazo de dos meses, de acuerdo al compromiso asumido, con el Dr. Espósito, desde Presidencia de la Nación.
“Desde Aiepesa, esperamos que esto se haga efectivo en el corto plazo ya que son muchas las instituciones que a lo largo y a lo ancho del país han tenido que cerrar sus puertas, sin poder pagar sueldos, cargas sociales, etc. Lo que es peor y lo más grave de la cuestión: miles de personas que se han quedado sin atención debido a la extrema situación del programa INCLUIR SALUD (del que dependen las personas con discapacidad que no tienen cobertura social).
De comenzar -explican- a recibir esos pagos, depende la continuidad del funcionamiento de cientos de Escuelas Especiales, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Rehabilitación, Hogares, Centros de Apoyo a la Inclusión Escolar y transportistas que brindan servicios esenciales para la vida de más de 100.000 personas con discapacidad que concurren a estas instituciones y que encuentran allí no solo contención educativa y terapéutica, sino también, alimento, contención emocional y un espacio para desarrollarse más allá de sus familias.
Confiamos, terminan diciendo, en las buenas intenciones de los nuevos funcionarios, y esperamos que las acciones inmediatas hagan que se dejen de vulnerar los derechos de quienes más lo necesitan: las personas con discapacidad.”
