Centros de salud de toda la Argentina se verían obligados a interrumpir los tratamientos de pacientes que requieren diálisis que están incluidos en el plan federal Incluir Salud a partir de febrero por la deuda que las provincias mantienen con los prestadores privados.
En Salta, desde Cepridiasa, la asociación que nuclea a los centros de diálisis privados de la provincia, se reclaman más de 60 millones de pesos por servicios impagos desde julio de 2019 y ya anunciaron que desde mediados de febrero no podrán seguir atendiendo a los pacientes.
El programa Incluir Salud está bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad y brinda cobertura médico-asistencial a todas las personas titulares de pensiones nacionales no contributivas, beneficiarios de pensiones especiales, como ex combatientes de Malvinas, y beneficiarios de pensiones graciables. Desde enero de 2019 los fondos deben ser girados desde el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias para que se realicen los pagos a las instituciones que se encargan de los tratamientos médicos.
En el caso de los tratamientos de pacientes que necesitan diálisis, las provincias contratan servicios privados y desde ahí surgen los reclamos por los atrasos en los pagos. Desde Cepridiasa se están realizando llamados de atención por la deuda desde noviembre del año pasado. “Desde julio de 2019 que no recibimos pagos por el servicio que brindamos a pacientes de toda la provincia -explicó Nora Marchetta, secretaria de Cepridiasa-. Nosotros ya anunciamos que no recibimos nuevos pacientes pero nos resulta muy difícil seguir cumpliendo con los tratamientos de las personas a las que venimos atendiendo. Y a partir de febrero ya no vamos a poder hacerlo por el estado de la deuda que tiene el Programa Incluir Salud con los prestadores”.
