Las organizaciones del campo argentino, preparan para mañana sábado 20 de junio Día de la Bandera, una movilización Nacional del sector agropecuario bajo la consigna “Banderazo por la República”, por un tema de patriotismo y porque se inicia un reclamo producto de algunas leyes que se están gestando y el intervención con apropiación que impulsó el gobierno con la empresa cerealera Vicentin. Fue entrevistado esta mañana en el programa Con Zeta de este Multimedios, el vice presidente de la SRCZ, ingeniero Fernando Boracchia.  Nota con Audios 

Desde radio EL DEBATE conversamos esta mañana con el vice presidente de la SRECZ (Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, ingeniero Fernando Boracchia quién nos explicó el alcance de la media “Sobre el tema del banderazo de mañana ABRAZO A LA REPÚBLICA, es todo por Vicentin, algunos proyectos de leyes y otras cuestiones que están dando vuelta, las que han vuelto poner al campo en estado de alerta y en estado de movilización” disparó y completó “porque realmente lisa y llanamente, lo consideramos un ataque al sector productivo y en este momento hace falta que la producción se mantenga en pie y que ingresen las divisas que necesitamos tanto” dijo el dirigente rural.

Lo de Vicentin es bastante inentendible desde mi punto de vista, ya que no recibió ningún tipo de análisis, ni del punto de vista legal, económico o del productivo y no hay nada que lo justifique…  más allá -amplía- de una cuestión ideológica, del ataque al sector o de que algunos puedan o quieran hacer algún negocio”.

Y el otro tema es también conceptual porque no hay en la historia de Argentina ninguna empresa pública que haya sido exitosa manejada por el estado argentino por lo cual es válido que esto va a llevar el mismo destino y que va hacer un gran fracaso y un enorme costo que vamos a tener que terminar pagando todos los argentinos, pero esto es sin defender a la empresa porque puede ser un desastre desde el punto de vista administrativo pero hay  herramientas y recursos legales vigentes que pueden llevar a la empresa a buen destino y que la gente cobre y que pueda seguir operando que lo está haciendo en este momento.

“El presidente es Alberto Fernández, dijo esquivando viejas diferencias con la ex jefa de gobierno y, reflexionó “por más que una coalición gobernante es muy heterogenia y que es razonable que haya diferencias, por lo general son coaliciones no son del mismo partido,  pero en este caso -asegura- son muy groseras, hay disputas por cuotas de poder y la realidad que hay visiones evidentemente distintas, como que un día el presidente dice que él no avalará ideas locas y, al día siguiente, propone la expropiaciones de las empresas,  entonces -dispara- es un gobierno que va de un lado para el otro…”  destacando que no es el momento indicado para medidas de este tipo “se está negociando la deuda” señaló.

Parta terminar destaca “la empresa de la que estamos hablando (Vicentín) está bajo la tutela de un concurso preventivo y de la justicia, que es un poder de la Nación y, -remarca- otro poder de la Nación, el ejecutivo decide de la noche a la mañana una expropiación, ósea -termina- pasa por arriba de una justicia que está actuando, de un juez interviniente y decide que se tirar abajo las instituciones” (ver recuadro de último momento)

Luego describió el permiso que tiene la SRECZ del Intendente de Capilla del Señor y de la Policía Bonaerense para realizar la marcha, describiendo el recorrido que la misma tendrá este sábado donde circularán “sin bajarse de los vehículos y solo con banderas argentinas sin mensajes de ningún tipo” a partir de las 11:00 bajo la consigna “Banderazo por la República”.

ULTIMO MOMENTO

Vicentin: el juez del concurso restituyó temporalmente al directorio de la empresa

Es por un reclamo de la compañía: “Se impidió una transición ordenada”. El magistrado Fabián Lorenzini nombró a los interventores designados por el Gobierno como simples veedores.

En el marco del concurso preventivo de acreedores, el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini ordenó restituir al directorio del Grupo Vicentin al frente de la cerealera y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores.

La medida cautelar es temporal, por un plazo de 60 días prorrogables. Se hizo lugar así a un reclamo de la compañía, para cuyos directivos “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.

El magistrado, además, se declaró incompetente respecto al pedido inconstitucionalidad del DNU que intervino la firma.

En su fallo, Lorenzini dispuso “con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.

Además, establece que “los Sres. Interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

En otra parte de texto describe el rol de esos veedores como “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración” y que puede llegar “hasta a la figura legal de máximo poder, cual es la del administrador provisorio que sustituye a los directores”.

Por lo tanto, Lorenzini dispuso “que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.

“Veedores controladores”

Asimismo, planteó que de manera provisoria, la presencia de los Interventores designados conforme al DNU 522/2020 estarán en Vicentin sólo “en condición de veedores controladores”. El interventor Gabriel Delgado, entonces, tendrá ahora “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración, hasta llegar a la figura legal de máximo poder, cual es la del administrador provisorio que sustituye a los directores”

La medida tiene una vigencia inicial de 60 días, el mismo plazo establecido en el DNU de intervención, y queda sujeta también a eventuales prórrogas.

Respecto al pedido del Grupo Vicentin de declarar inconstitucional ese decreto, ya que a su criterio “se ha extralimitado el texto constitucional, como así también la discrecionalidad legal otorgada por ley 27541, pues no solo invade la órbita constitucional del poder legislativo sino que también avasalla las funciones del juez concursal”, el juez se declaró incompetente.

(DIB) MM