Si bien el agua es un derecho humano esencial, expertos en el tema demandan políticas públicas que lo garanticen, ya que alrededor de 7 millones de personas no tienen acceso al agua y más de 20 no cuentan con cloacas. También alertan sobre la “mercantilización” de este recurso.
La pregunta, simple en apariencia, parece esconder un sinfín de complejidades. Si para los especialistas y organizaciones internacionales el agua debe ser considerada un Derecho Humano esencial, ¿qué sucede en la práctica cuando ese derecho no se materializa?
“La escasez de agua potable es mucho más que un problema político o económico: es un problema ambiental, sociológico, jurídico, de ingeniería hidráulica y totalmente multidisciplinario. Decir que sólo es un tema económico hace que el problema se desjerarquice y deteriore”, alerta Aníbal Faccendini, director de la Cátedra Libre del Agua, de la Universidad Nacional de Rosario.
Según el Censo Nacional de 2010, alrededor de 7 millones de personas en el país no accede al agua potable, mientras que 20 millones no cuentan con un servicio de cloacas.
Para los especialistas, las soluciones deben partir del Estado. “Para revertir esa grave situación es necesario tomar medidas desde la educación, la planificación, la prevención, el tratamiento y la gestión”, propone Claudia Mazzeo, Magíster en Gestión del Agua, en tanto que Faccendini agrega que cada una de estas etapas “debe estar incluida en el presupuesto público del Estado, y no llegar a tarifar el agua porque la misma, en manos del mercado, se seca”.
Un derecho humano que no llega a todos por igual
Fueron varias las oportunidades en que organismos internacionales se manifestaron a favor del agua como un derecho humano. La Asamblea de Naciones Unidas declaró el Derecho al Agua Potable y al Saneamiento como un Derecho Humano esencial en 2010. Además, exhortó a todos los Estados y Organizaciones Internacionales a proporcionar recursos financieros y formación técnica para lograr ese objetivo.
En el plano local, existe un consenso entre todas las provincias argentinas, plasmado en 2003 en los Principios Rectores de la Política Hídrica de que tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos básicos. Se trata de que tanto las personas, como los ecosistemas en general, dispongan de agua de calidad y en cantidad necesarias para satisfacer sus necesidades diarias.
El problema parece estar en que estas políticas públicas difieren de acuerdo a la región en cuestión. El informe “Agua y Saneamiento: un objetivo de desarrollo del milenio” de Emilio Lentini y Federica Brenner -docentes e investigadores del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua de la UBA- evidencia la gran disparidad en la cobertura entre las provincias. El trabajo está basado en datos del Censo de 2010.
El informe de Lentini y Brenner, por su parte, aconseja ejecutar un proceso de inversión de gran dimensión durante un período prolongado, que requiere una importante masa de recursos financieros. Entre ellos, políticas públicas estables y sostenibles que otorguen prioridad a las asignaciones presupuestarias dirigidas al sector y que progresivamente fortalezcan el marco institucional.
En sus conclusiones finales, además, el trabajo recomienda atender los aspectos de eficiencia, equidad y control, lo que supone, entre otras cuestiones, desarrollar programas de control de pérdidas en las redes, implementar mecanismos de subsidios eficaces para garantizar el acceso y consumo a toda la población de bajos recursos y vulnerables, promover la participación ciudadana y de las autoridades locales y fortalecer las funciones de planificación, regulación y control de la prestación.
