El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) ha rechazado oportunamente la convocatoria a la “Consulta Ciudadana” organizada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La consideran un mero formalismo, decorativo, no vinculante y no presencial, realizado por escrito, con el único propósito de justificar y permitir un nuevo aumento en las tarifas de peaje que serán cobradas por la empresa concesionaria Corredores Viales S. A. (en Zárate, el puesto que divide insólitamente el Distrito en dos, sobre Ruta Nacional 9). Esta empresa gestiona la Red Vial Nacional concesionada y la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas.
Es importante señalar que el incremento ya estaba autorizado antes de la mencionada Consulta Ciudadana. “Es sumamente grave que dicha Consulta Ciudadana, que venció el 17 de abril del corriente, simple e infundada y ni siquiera convocando a una audiencia pública vinculante, se haya llevado a cabo sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. Las concesiones viales tienen carácter de servicio público”, señaló Jorge Zatloukal, integrante del CONADUV.
A su vez, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del CONADUV, manifestó: “Con la actitud autoritaria y antidemocrática de las correspondientes Autoridades nacionales, se imposibilita el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar el porcentaje de aumento que ya se encontraba definido y aprobado de antemano en las respectivas Resoluciones redactadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva de quienes gobiernan”.
El tema no pasa por modificar los cuadros tarifarios constantemente con la única finalidad de restablecer la ecuación económica financiera de la concesionaria, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario. Debería analizarse el problema de fondo de todo lo que viene ocurriendo irregularmente desde los años 90. “Contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias a la utilidad nacional, y de beneficios abusivos para los concesionarios.”
Desde el Gobierno Nacional intentan paradojalmente, y vaya a saber porque razón, premiar a la empresa concesionaria Corredores Viales S. A. con otro injustificado incremento de las tarifas de peaje, totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. Todo hace suponer una maniobra tendiente a beneficiar a Corredores Viales S. A., con lo cual se sigue provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad.
Es importante señalar la indebida situación de Corredores Viales S. A. empresa que solo se limita a cobrar un “falso peaje o impuesto al tránsito” claramente inconstitucional e inviable, que es deficitaria, sumamente costosa, burocrática e innecesaria y que actúa irregularmente en forma paralela a la Dirección de Vialidad Nacional.
