El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) informó a EL DEBATE que “rechaza categóricamente la convocatoria a la “Consulta Ciudadana” convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por ser un simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito, y con la sola finalidad de imponer y habilitar un incremento en las tarifas de peaje que se cobran en la Red Vial Nacional concesionada, incluyendo Puente Rosario – Victoria y Accesos Norte, Oeste y Riccheri – Ezeiza – Cañuelas, y que encima ya están autorizados de antemano”.
PEAJE EN NUESTRA ZONA
El Comité la manifestó a éste Multimedios que “es sumamente grave que dicha Consulta Ciudadana que vence el 2 de mayo del corriente, simple e infundada y ni siquiera convocando a una audiencia pública, se llevará a cabo sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. “Cabe destacar que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.”
Se imposibilita el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar los porcentajes de aumentos que ya se encuentran definidos y aprobados en las respectivas Resoluciones redactadas por las autoridades correspondientes.
El tema no pasa por modificar los cuadros tarifarios constantemente, sino que debería analizarse el problema de fondo de todo lo que viene ocurriendo desde los años 90. “Contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias a la utilidad nacional, y de beneficios abusivos para los concesionarios.”
Es evidente que podría existir una maniobra tendiente a beneficiar en forma ilegítima a las Empresas Concesionarias, tales como Corredores Viales S. A., Caminos del Río Uruguay S. A., Autopistas del Sol S. A. y Grupo Concesionario del Oeste S. A., provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad.
En el caso concreto de los Accesos Norte y Oeste, fue el actual Gobierno, que antes siendo oposición, denunció que las Empresas Autopistas del Sol S. A. (AUSOL) y Autopistas del Oeste S. A. (GCO) estaban fuera de la Ley y cuestionando la prórroga indebida de los respectivos contratos. Sin embargo, le otorgan un incremento tarifario de hasta el 150 %. Además, criticaron y denunciaron a la concesionaria Corredores Viales S. A., empresa “estatal” innecesaria, burocrática, deficitaria, que se limita sólo a recaudar el peaje como caja política, que actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y que actualmente tiene bajo su administración todas las rutas nacionales concesionadas, excepto el Corredor Vial N° 18 (Rutas Nacionales Nº 12 y 14). Este último con una concesión escandalosa e ilegal que persiste en el tiempo desde los años 90. A pesar de todo esto, nuevamente desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) intentan paradojalmente, y vaya a saber porque razón, premiar a las concesionarias con otro injustificado incremento de tarifas totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.
Hasta cuándo los usuarios viales deberemos seguir soportando esta verdadera estafa vial que significan las concesiones viales bajo un régimen nefasto de “falso peaje o impuesto al tránsito”, claramente inconstitucional e inviable, y que genera serios perjuicios sociales y económicos a toda la sociedad en su conjunto.
