El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial dio a conocer su posición ante nuevos aumentos programados para los peajes bonaerenses, haciendo foco especialmente en la AUTOPISTA BUENOS AIRES – LA PLATA y el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLÁNTICO donde denunciaron “Un nuevo tarifazo de peaje claramente abusivo e injustificado” argumentando la postura en hasta un 270% anual sintetizando que es igual la siguiente ecuación “AUMENTO DE PEAJE = AUMENTO COSTO DE TRANSPORTE = MÁS INFLACIÓN”.
Dice el COADUV en una parte enviado a este multimedios que “Año tras año, desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, y muy especialmente en lo que respecta al Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial Interbalnearia 11 y conexas), se vienen sucediendo, sin control alguno, escandalosos tarifazos de peaje, abusivos, injustificados, carentes de considerables fundamentos técnicos-económicos, generando así serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto”.
LOS ARGUMENTOS
Con el actual Gobierno que encabeza Axel Kicillof se sigue con más de lo mismo y favoreciendo el interés particular de la indebida e innecesaria empresa concesionaria “estatal” AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) por encima de la defensa del bien común.
A partir del 1° de diciembre de 2022 regirá un tarifazo de peaje del 90 % y que se sumará a otro del 35 % a partir de marzo 2023. Hay que tener en cuenta que en agosto de este año ya se había otorgado otro incremento del 50 %. Es decir que desde agosto de 2022 a marzo 2023, el aumento será de aproximadamente el 270 %. Esto se da luego de haberse llevado a cabo las respectivas Audiencias Públicas “no vinculantes” y que son un simple formalismo y una burla a los usuarios viales y al público en general.
Un tema grave y que nadie toma en cuenta, es que las concesiones viales tienen carácter de “servicio púbico”, y a pesar del tiempo transcurrido nunca se ha creado un Marco Regulatorio-Ente Regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Nunca fue considerado por los distintos gobiernos de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (COADUV). Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia. Es así que se siguen vulnerando y pisoteando los derechos de los usuarios viales, siendo esquilmados a través del cobro de un falso peaje o impuesto al tránsito, claramente inconstitucional.
¿Cómo es posible que se cobre peaje, si las obras han sido financiadas y lo siguen siendo, por el Estado Nacional y Provincial y por el BID? ¿Porqué hay que financiar la empresa AUBASA, deficitaria, sumamente costosa, innecesaria y burocrática, que sólo se limita a cobrar el peaje, utilizándola como una caja política y actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad Provincial (DVP)?
Las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, tanto para el caso de la Autopista Buenos Aires – La Plata (pasada de la Nación a la Provincia durante la gestión del ex Gobernador Daniel Scioli) como para la Autovía 2 y Ruta 11 y conexas (Sistema Integral del Atlántico) son un gran negociado armado para favorecer a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder. En principio COVIARES, COVISUR, CAMINOS DEL ATLÁNTICO Y AUTOVÍA DEL MAR, y actualmente todo en manos de AUBASA que igual subcontrata a las mismas empresas incumplidoras a las que se les rescindieron los respectivos contratos. Todo fue y sigue siendo con riesgo CERO e inversión CERO por parte de las concesionarias.
Cabe destacar que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está anunciando con “bombos y platillos” la repavimentación de una parte de la Autovía 2, pero con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Gobierno Nacional, lo cual deja bien en claro la situación indebida de AUBASA que solo se limita a esquilmar el bolsillo de los usuarios viales cobrando el peaje y no poner un peso para las obras necesarias en el Corredor Vial Integrado del Atlántico.