Más del 31% de los jóvenes de entre 13 y 18 años que resultaron denunciados y/o imputados por algún hecho delictivo no estaban escolarizados, mientras que uno de cada diez ni terminó la primaria.
Los datos se desprenden de las últimas estadísticas sobre intervenciones judiciales a nivel nacional, publicadas por la Corte Suprema correspondientes a 2018. Y según el defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, no sólo más del 31% de los jóvenes de entre 13 y 18 años con denuncias o imputados no estaban escolarizados y uno de cada diez no terminó la primaria, sino que aseguró que “se registran casos de niños y adolescentes que nunca aprendieron a leer ni a escribir”.
Si se compara con los registros de 2017 hay una merma durante el año pasado en la cantidad de jóvenes en conflicto con la Justicia y escolarizados. En 2017 había 1235 chicos en problemas, de los cuales 795 tenían secundaria incompleta y 435 sin terminar la primaria. El año pasado, en tanto, de los 807, 502 con secundaria incompleta y 297 sin finalizar la primaria.
La Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dada a conocer hace pocos días, plantea serios desafíos para el Estado argentino. El organismo internacional pidió no avanzar en medidas punitivistas como la baja de la edad de imputabilidad.
También exhortó a ampliar los mecanismos de “desvío” de los niños y niñas de forma tal de poder alejarlos de los procesos vinculados a la burocracia judicial y enviarlos hacia programas efectivos. Además, el organismo internacional pidió extender el uso de medidas no privativas de la libertad para garantizar que la detención sea una medida de último recurso.
(DIB)
