El Colegio de Abogados Zárate Campana brindó un curso virtual sobre la ley 27.551, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de alquileres. También brindaron un “Seminario Internacional sobre sistema procesal actual”
“Capacitamos a los abogados de nuestro departamento judicial sobre la nueva ley de alquileres que tendrá un gran impacto, no sólo en el ámbito inmobiliario, sino fundamentalmente en el derecho de acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y ciudadanas” sostuvo el Presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli.
A cargo del Dr. Mariano Esper, la capacitación de da en el marco de la propuesta de cursos virtuales que lleva adelante el CAZC.
La nueva norma entró en vigencia el primero de julio e impactará en nueve millones de argentinos que alquilan en todo el país.
Entre los puntos centrales, se destaca la regulación de los aumentos, la duración de los contratos y la ampliación de las opciones a la hora de presentar la garantía.
Hasta ahora, se pactaban generalmente incrementos semestrales con valores arbitrarios que, con la nueva ley, deben ser calculados con una fórmula de indexación mixta que combina en un 50% la evolución de los salarios (el índice Ripte) y un 50% por la evolución de la inflación que mide el INDEC (IPC).
Asimismo, el plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1.199 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En referencia a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre distintas opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos). En el mismo sentido, el mes anticipado y el de depósito de garantía no pueden ser mayores que el equivalente a un mes de alquiler.
Con respecto a las expensas, aquellas que deriven de gastos habituales, quedan a cargo del inquilino, mientras que las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.
En tanto, la norma establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La nueva ley dispone del desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.
También dictaron un Seminario Internacional sobre sistema procesal actual
Organizado de forma virtual por el Colegio de Abogados de Zárate Campana, y con gran cantidad de asistentes, se realizó de forma virtual el encuentro internacional sobre sistema procesal actual a cargo de los Dres. Ivan Torres la Torre, presidente del Instituto Peruano-Argentino de Derecho Penal de Perú, Ricardo Basilico, Juez del Tribunal Oral Criminal nº 1 de Comodoro Py y Sergio Torres, Ministro de la Corte Bonaerense.
La apertura estuvo a cargo del Presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, quien agradeció a los expositores, los asistentes y a los Dres. Daniel Vico, coorganizador y Sebastián Loureyro, moderador.
Por su parte, el Profesor Iván Torres La Torre, presidente del IPADEP en Perú, abordó el los delitos contra la salud pública y violación a las medidas durante la pandemia, haciendo un análisis comparativo entre la legislación argentina y la peruana; así como también las dificultades dogmáticas que existen en ambos tipos penales, incluyendo la problemática de la despenalización y la prisión preventiva.
Seguidamente expuso el Juez Ricardo Basilico sobre Violencia de género en el sistema penal, con especial referencia a la Trata de Persona, que mueve billones de dólares en el mundo y es un delito pluriofensivo, donde los grupos más vulnerables son los migrantes, las mujeres y los niños y niñas.
Las disertaciones culminaron con la exposición del Juez de la Suprema Corte Bonaerense, el Ministro Sergio Torres, quien analizó la transformación de la figura de la víctima a través del tiempo. Al respecto, señaló que actualmente el ciudadano o ciudadana que es víctima de un delito tiene más injerencia, y hasta, siendo querellante, puede suplantar al Fiscal en su misión de perseguir el delito.
También hizo referencia a la Ley Micaela, la cual trabaja para prevenir la violencia, con un abordaje diferenciado e individual para cada víctima.
Por último, Torres remarcó la necesidad de que los jueces utilicen un lenguaje claro, democrático y social en sus fallos para que puedan ser accesibles a toda la comunidad.
