Los trabajadores del Hospital Garrahan continúan reclamando un plan de mejora presupuestaria y de aumento salarial al gobierno nacional y, en los próximos días, intensificarán sus medidas de fuerza y de visibilización de las condiciones precarias de atención que transita el hospital pediátrico de referencia más importante del país.
Los trabajadores del hospital pediátrico más importante del país mantienen su plan de lucha ante los bajos salarios y los recortes en salud y educación. Los profesionales de la salud del centro médico realizarán jornadas por las infancias y votarán en los próximos días un Paro Nacional de Salud y una acción federal en conjunto con la comunidad universitaria.
En tanto, el próximo sábado 2 de agosto se realizará un Cabildo Abierto Nacional, invitando a organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, territoriales y políticas de todo el arco ideológico a formar parte del debate.
El objetivo es coordinar una acción federal de gran envergadura en defensa del Hospital Garrahan, la salud pública y el sector universitario, sectores golpeados por recortes presupuestarios y conflictos salariales.
Acciones programadas:
31 de julio: Lanzamiento de la campaña “Agosto por el Hospital Garrahan y las Infancias”, con una jornada de difusión, caminata con artistas y vigilia con velas por la calle Corrientes, desde las 18:00, partiendo de Corrientes y Callao.
2 de agosto: Cabildo Abierto Nacional para articular un paro nacional y una jornada de lucha junto a las organizaciones que marcharon el 17 de julio.
6 de agosto: Nueva asamblea para votar un paro el 13 de agosto, acompañado de una caravana y ruidazo hacia la Quinta de Olivos.
10 al 17 de agosto: Preparación de un festival por las infancias.
La movilización busca visibilizar la crisis del sistema de salud pública y la educación, exigiendo al Gobierno nacional respuestas urgentes ante el deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de sectores clave.
La protesta y movilización de los trabajadores del hospital Garrahan lleva más de dos meses y, por el momento, no ha alcanzado una resolución satisfactoria por parte del gobierno nacional.
