Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. El gobierno ya puso en marcha el proceso. Deberán pasar un filtro para saber si siguen en manos de sus titulares o cambian.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó abierta la puerta a una modificación de raíz del cuestionado sistema de Registros de la Propiedad Automotor, al publicar un tweet que abrió la puerta a su completa intervención. Luego, el gobierno confirmó que pone en marcha un plan al respecto, pero que por ahora se limita a unas cien dependencias de ese tipo en el país –a las que considera meras “cajas políticas”-, que estará a cargo del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
“Hay 1.554 Registros de la Propiedad Automotor a lo largo y ancho del país: a revisión… Fin. Ahora sí, todo listo para seguir adelante. Fin. Buen viernes para todos”, escribió el vocero el mismo día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el retiro del capítulo fiscal del proyecto de Ley Bases. La publicación hizo pensar en que todos los registros serían intervenidos de inmediato.
Horas después, el Ejecutivo comunicó que efectivamente Adorni hablaba de la intervención formal de registros –técnicamente, de revocar las intervenciones vigentes-, pero limitada a un centenar de ellos, que ahora tendrán que pasar el filtro para saber si siguen en manos de sus titulares actuales o cambian.
El proceso se inició con una nota dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, ya que los registros dependen de la Dirección Nacional del Registro Automotor (DNRA), parte de la estructura que ahora maneja Mariano Cúneo Libarona.
Nada indica, en tanto, que no se trate de una primera etapa de un plan más profundo. Voceros del Ejecutivo consultados por DIB no lo confirmaron ni lo negaron. Se limitaron a recalcar que se trata de un sistema que debe cambiar por múltiples causas, y remitieron a las expresiones del propio presidente Javier Milei al respecto durante la campaña electoral.
En efecto, desde antes de resultar electo, Milei venía cuestionando a los registros por se supuestamente parte de un entramado de corrupción. Aducen que funcionan como moneda de pago de favores políticos, ya que son dependencias que generan un renta importa a raíz del volumen de dinero que manejan.
Otra objeción es el costo del sistema, que es híper burocrático y presencial. Los autos pagan hasta el 6% de su valor para ser transferidos: 1,5% de arancel (2% si fue fabricado fuera del país) y otro 4% del total del valor del vehículo en Ingresos Brutos (CABA paga 3% de Impuesto a los Sellos).
En reiteradas oportunidades, durante la campaña electoral, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos, para abaratar su costo.