El Gobierno bonaerense y las entidades del campo iniciaron ya la discusión en torno a la ley impositiva del año próximo, y desde el sector agrario renovaron sus reclamos por la eliminación de algunos tributos que consideran “distorsivos”, como el que grava la transmisión gratuita de bienes y el Inmobiliario Rural complementario, establecidos durante la administración de Daniel Scioli.
Según publicó Diario Extra que edita agencia DIB, representantes de las cuatro entidades se reunieron días atrás con técnicos de los ministerios de Economía y Agroindustria, con quienes constituyeron la denominada “Mesa Fiscal”, un espacio en el que se debatirán las reformas impositivas para el sector.
Aunque se trató apenas de una presentación, el agro le fijó al Gobierno su lista de reclamos, encabezados por la eliminación del impuesto complementario rural y a la transmisión gratuita de bienes. El primero grava con un adicional a los dueños de más de una extensión de tierras, mientras que el segundo alcanza a quienes reciben la “donación” o transferencia gratuita de una propiedad. Originalmente, fue pensado para evitar maniobras que, bajo la fachada de una donación o herencia, buscaban ocultar una venta.
Ambos tributos, creados bajo la administración Scioli, están en la mira de las entidades desde su creación. De hecho, su eliminación fue uno de los primeros pedidos realizados a María Eugenia Vidal.
La negativa –o postergación- de la agenda impositiva es una de las principales causas del malestar que hoy exhibe el agro. Así lo expresó el titular de Carbap, Matías De Velazco, quien aseguró que “la presión impositiva que están aplicando sobre el sector es rayana con lo insostenible”.
“Tenemos una diferencia central con el Gobierno de Vidal y es que mantienen un impuesto que creó Scioli, que es el Impuesto Inmobiliario Complementario. Nosotros tenemos una gran diferencia con ARBA con respecto a la razonabilidad de este impuesto, y este gobierno no solo lo ha mantenido sino que ha dado un paso más allá”, advirtió el dirigente rural.
Revalúo
Tras el primer encuentro, el Gobierno se llevó la agenda de reclamos del campo, aunque no fijó aún su posición al respecto. “Recién comenzamos las conversaciones, es muy pronto para adelantarnos en el debate”, reconoció una fuente oficial.
En el sector están alertas ante la posibilidad de que el Ejecutivo decida finalmente avanzar con el postergado revalúo fiscal, una medida que iba a comenzar a aplicarse desde este año, pero que fue frenada ante el persistente reclamo de las entidades.
De todos modos, el Gobierno sí avanza sobre un plan de corrección de valuaciones fiscales según criterios de productividad, que por ahora solo alcanza al 5% de las explotaciones bonaerenses, unas 15 mil partidas sobre 300 mil existentes.
Se trata, de acuerdo a la explicación oficial, de una actualización de partidas que no revisaron en décadas, y cuya capacidad productiva se vio incrementada por diferentes factores (mejoras en los suelos, construcción de caminos, capacidad ganadera, entre otros).
Las entidades consideran que esos criterios son “tendenciosos”, y piden una extensión en los plazos para la realización de descargos, que vence el próximo 4 de agosto. Según calculan, el revalúo promedio sería del 20%, e impactaría en una suba del 40% del Impuesto Inmobiliario Rural, que podría cobrarse en la última cuota anual, en noviembre. (DIB)
