El juez de garantías Juan Tapia explicó que la violencia institucional no solo se restringe “a la conducta de gatillo fácil o tortura”, sino que es mucho más amplia y puede abarcar a miembros del Poder Judicial y otros funcionarios públicos. “La violencia institucional se puede llevar adelante por acción u omisión, como puede ser un inspector de la salud pública que no garantice el derecho de un aborto no punible previsto por la ley. Esa violencia intrapersonal se transforma en violencia institucional que implica la vulneración de derechos individuales o colectivos”, explicó el magistrado.
Según las cifras oficiales, en el primer semestre del año 2018 se iniciaron un total de 2.556 investigaciones penales por hechos de violencia institucional, mientras que en el segundo semestre el total fue de 2.316. Los distritos con mayor conflicto son Lomas de Zamora con 535 casos, Bahía Blanca 477, Azul 418 y Quilmes 411. En las antípodas, las jurisdicciones con menos causas por violencia institucional son Necochea, con 77, Moreno, con 45 y Pergamino, con 28.
En calles y cárceles
En 2018, los lugares en donde más se habrían ocurrido casos de violencia institucional fueron las cárceles bonaerenses y la vía pública: según el informe, 1.489 denunciaron haber sido víctima de estos hechos en Unidades Penitenciarias Bonaerenses, mientras 1.436 en la vía pública.
En una cifra menor, 840 personas denunciaron que fueron víctimas de violencia institucional en dependencias policiales.
Delitos recurrentes
En cuanto al gran abanico que puede darse en delitos en el marco de la violencia institucional, los que restringen la libertad (3.229) son los más numerosos y, luego los que van en contra de la administración pública (1.903).
De los delitos contra la libertad, el 53,7% corresponden a severidades, vejaciones y apremios ilegales a presos.
En cuanto a la administración pública, en el informe se observa que el abuso de autoridad constituye el 70, 6% del total, seguido del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que registró el 24,4%.
Las vías de comunicación principales por las cuales los fiscales toman conocimiento de la existencia de un hecho de violencia institucional son la denuncia de la propia víctima (2.214), seguido por la denuncia de un tercero (482) o la actuación de oficio de asuntos internos de la Policía Bonaerense (330).
En tanto, durante 2018, según el Informe, la Justicia inició 44 causas penales por muertes ocurridas en contexto de intervención de Fuerzas de Seguridad, en las que se registraron 48 personas fallecidas. (DIB)
