En Argentina, existen 182 programas sociales, a partir de los cuales, una familia tipo podría percibir entre $156.890 y $173.190 por mes. Frente a este contexto, una gran parte de la sociedad se expresa en contra de ellos, los responsabiliza de la mala situación económica del país, y considera que un recorte de la emisión monetaria destinada a estos podría ayudar a disminuir la inflación.
En Argentina, el 55% de las personas estuvieron alguna vez alcanzadas por una cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. A este número que parece ir en aumento, lo acompañan actualmente 182 programas sociales, la mayoría de ellos, compatibles entre sí, lo que genera que una familia sin ningún miembro trabajador pueda alcanzar montos superiores a, por lo menos, 4,5 salarios mínimos vitales y móviles.
Tal es así que este tema que involucra a gran parte de la sociedad está presente todos los días, y lleva a cada una de las personas a expresarse libremente a través de las redes sociales. De esta forma se ve su preocupación y descontento respecto a ello: de hecho, según una encuesta realizada por Horus que analiza las conversaciones en dichas plataformas, el 61% de los encuestados declaró estar en contra de los planes sociales.
En este sentido, una gran mayoría culpabiliza de la situación económica al sostenimiento de planes sociales y políticos y considera que una manera de contribuir a la disminución de la inflación, es recortar la emisión monetaria destinada a dichos planes.
A su vez, predomina entre la sociedad el acuerdo de que estos no promueven la cultura del trabajo, y sostienen en este sentido, que quien no trabaja, es porque no quiere, señalando que excede el marco de posibilidades, y que por lo tanto, es responsabilidad individual.
“Pese a ello, los usuarios entienden al mismo tiempo, que en un país donde hay tanta desigualdad en el acceso a la salud y educación, es lógico que los más pobres necesiten ayudas sociales para subsistir ya que no tienen los recursos para poder progresar. En este contexto, responsabilizan en gran parte al Estado, exigiendo de él, una figura que resguarde la desigualdad, ayudando a quienes menos tienen”, finaliza Esteban Neme, socio de Horus.
