La Defensoría del Pueblo denunció que las nuevas concesiones viales perjudicarán a los bonaerenses

Aseguran que ahora deberán ser los municipios y no las empresas los encargados de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en caso de producirse accidentes.

El organismo sostuvo que la nueva disposición determinó que, en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales.
“Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

 


Esta medida, indicó, alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).


La Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación “por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones”.