Por Eduardo Rivas – Rita Mae Brown afirmaba, en una cita que muchos atribuyen erróneamente a Albert Einstein, que ‘locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes’… y es llamativo como el Intendente Municipal Osvaldo Cáffaro insiste una y otra vez con similares métodos cuando se supone espera otros resultados.
Cuando la llamada causa Costanera, que ni es una sola causa ni es sobre la Costanera, tenía ‘sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás’ y el Municipio había interpuesto su ‘disconformidad [con un] extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires’, el Diputado Provincial del Frente para la Victoria Marcelo Torres presentó el 6 de septiembre de 2017 un Proyecto de Ley solicitando ‘la DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA y sujeto a EXPROPIACION del inmueble conocido como PASEO DE COSTANERA a la vera del Río Paraná que bordea la ciudad de Zarate los cuales tienen los siguientes datos catastrales: Circunscripción 1 , Sección R, Fracción 32, inscripto su dominio en la Matrícula 038-911(038)’. Más allá de lo curioso del nombre que le otorga al predio zarateño el legislador nacido en Avellaneda, es llamativa la argumentación del porqué del proyecto. Afirma Torres que ‘el expediente judicial mencionado, dándole la razón a las actores del proceso tanto en primera instancia, como en la Cámara de apelaciones, pone en peligro y riesgo el patrimonio ya considerado público por todos los habitantes de la región y sus visitantes, amén de resultar indispensable para el desarrollo comunitario’, es decir que si la Justicia imparte justicia y esta no me gusta, ‘me llevo la pelota y se termina el partido’. Si la Justicia falla de manera adversa aplicamos el chavista ‘exprópiese’, y listo.
El proyecto (https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D3545012017-09-0814-39-08.pdf) tomó estado parlamentario el 14 de noviembre de 2017 y fue derivado a 4 comisiones: Tierras y Organización Territorial, Presupuestos e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia. Solo la primera de ellas emitió un dictamen sobre el texto y lo hizo casi un año después de su ingreso, el 11 de noviembre del año siguiente, y de una manera llamativa. Con la firma de los diputados Lauro Grande, Patricia Cubría, María Laura Ramírez y Julio Pereyra se le dio dictamen (https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/despachos/17-18D35450A11-09-201805410000.PDF) a un proyecto reformado que nada tiene que ver con el original puesto que mientras el proyecto de Torres preveía la expropiación de un terreno, la Comisión estipula expropiación de 7 terrenos (a la mencionada Fracción 32, la Comisión decidió sumar las parcelas 30, 33 y 35p, y además, la parcela 9 de la manzana 393 y las parcelas 6a y 1b de la manzana 392) y a título oneroso, es decir que se pagará por la expropiación. ¿Cuál fue la razón del rotundo cambio? Una carta del Intendente Municipal Osvaldo Cáffaro. Así lo explica la propia Comisión de Tierras y Organización Territorial: ‘La comisión modificó el Artículo 1° para consignar correctamente la nomenclatura catastral de los inmuebles e incorporar los lotes identificados por el Municipio de Zarate como integrantes del mismo proyecto según nota que consta en el expediente. A su vez, se modificó el Artículo 2° para establecer la expropiación “a título oneroso”, de acuerdo a lo que el Municipio hace constar en la nota antes referida’.
Tras la aprobación fue girado a la Comisión de Presupuestos e Impuestos, donde ingresó el 19 de octubre de 2018 y pese al impulso del titular del Departamento Ejecutivo Municipal zarateño, no logró ser aprobado, pasando a archivo el 6 de marzo del año siguiente tras la finalización del periodo parlamentario.
Habiendo perdido estado legislativo el proyecto, la Diputada Patricia Moyano dotó nuevamente de fuerza a la iniciativa y el 27 de marzo de 2019 presentó la reproducción de la propuesta que, previsiblemente, fue girada a las mismas comisiones que dos años atrás. En esta oportunidad el trámite en la Comisión de Tierras y Organización Territorial fue mucho más expeditivo y el 11 de junio de 2019, pocos días antes de cumplirse un mes en ella, emitió dictamen de mayoría (https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/despachos/19-20D8520A11-06-201905410000.PDF) con la firma de los mismos diputados que habían aprobado el proyecto original de Torres un año antes con las mismas argumentaciones del año anterior.
Como en su versión original, el proyecto volvió a encallar en la Comisión de Presupuestos e Impuestos en donde está desde el 3 de octubre del año pasado.
Sabe el Intendente Cáffaro que está en una carrera contra reloj por dos cuestiones, la primera de ella es que de no aprobarse en lo que queda del período legislativo el proyecto nuevamente perderá estado parlamentario al iniciarse el próximo periodo y el proyecto volverá a foja cero, como en el juego de la oca, vuelve al principio. La segunda razón es que la realidad judicial ya no es la que planteaba el ex Diputado Torres en su proyecto de ley puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sentenció que ‘rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto’ por entender que ‘este Tribunal tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante’ dado que ‘Pese a que la misión de la impugnante consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada y la suficiencia del recurso ordinario que había interpuesto, ella se limita a expresar ante esta Suprema Corte argumentos genéricos sobre la cuestión de fondo debatida en autos, omitiendo atacar de manera eficaz el razonamiento actuado por la Cámara interviniente’.
En consecuencia, el pasado 2 de septiembre volvió a enviar una carta a la Cámara de Diputados para hacer lobby en favor del proyecto presentado por su esposa y en ella deja una serie de conceptos por demás curiosos.
Insiste en los argumentos del proyecto original de Torres y, pese a no contar con el primero de los textos enviados a la Cámara Baja provincial, se deduce que el tenor es similar puesto que insiste en la importancia de avanzar en la expropiación previendo un fallo contrario, lo cual deja a las claras que está asumiendo que usurpó terrenos privados, y asimismo vuelve a plantear la idea que ‘teniendo en cuenta lo resuelto en los autos caratulados: “Tomei Ana María y Otros C/ Municipalidad de Zarate S/ Pretensión Anulatoria” en tanto que en primera y segunda instancia se dictó sentencia a favor de lo reclamado por la parte actora y el riesgo que ello implica al patrimonio ya entendido como público de todos los habitantes de este Partido de Zarate y quienes lo visitan; la aprobación de la Ley que se proyecta resultaría de suma utilidad- en caso de sentencia contraria- para garantizar que dicho patrimonio público no se vea afectado’. Lo que el Intendente omite de manera deliberada es que el día en que está fechada la misiva ya había sido notificado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Esto expone una triste realidad. O el Intendente Cáffaro no lee lo que firma o no está en condiciones de entender lo que lee, ambas situaciones por demás preocupantes.
Como
Es curioso el accionar de Cáffaro pretendiendo contradecir lo enunciado por Rita Mae Brown, puesto que hace una y otra vez lo mismo… y espera resultados diferentes.
Sin embargo, y conociendo el resultado de su petición anterior ante el Poder Legislativo provincial, abrieron un nuevo camino. El Municipio apeló a la Corte Suprema de la Nación -por Recurso Extraordinario Federal- la resolución de la Suprema Corte de Provincia en la causa ‘Tomei’, aduciendo que las Sentencias de 1ra Instancia, de Segunda Instancia y la de la Corte Provincial son arbitrarias. Los representantes legales del Municipio entienden que hay una confabulación del mundo mundial, intergaláctica, para detener la gestión caffarista. Lectura curiosa de la realidad, puesto que si así fuera no estarían pendiente de ejecución sentencias de noviembre de 2016.
Un nuevo capítulo, y van, en una historia que cada vez más claro queda que pretendió ser un capricho del Intendente, u otro u otros con el Intendente como su brazo ejecutor, para hacerse con propiedades ajenas.
Como la justicia no le da la razón, busca conchabo en el Poder Legislativo que ya le dio la espalda una vez y, todo indica, se la dará una vez más.
¿Por qué tanta tozudez en volver a insistir una y otra vez en algo que la Justicia le ha dicho, tres veces, que no tiene razón?
¿Qué interés hay tras tanta obstinación?
¿Será cierto que si el Estado garantiza como espacios verdes un porcentual de los terrenos involucrados en el Master Plan Costanera los inversores privados tienen que aportar menos espacios verdes y, en consecuencia, construir más metros cuadrados y hacer más grande el negocio inmobiliario?
Como la Justicia dice que los ‘buitres’ tienen razón ¿el Intendente manda una carta a la Cámara de Diputados para que aprueben el Proyecto de Ley donde dice que el Municipio aportará el dinero para expropiar y, en consecuencia, pagarle a los ‘buitres’?
¿Cuánto le saldrá este jueguito caffarista a los vecinos zarateños?
Mientras Cáffaro, al mejor estilo Francis Fukuyama, pretende terminar la historia, una y otra vez queda de manifiesto que la historia continúa…
