Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que 4.119 chicos estuvieron bajo medidas penales en 2024.
Más de cuatro mil niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal durante 2024 en la Argentina, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que volvió a poner el foco en el funcionamiento del sistema penal juvenil en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad y la inminente llegada del proyecto al Congreso.
De acuerdo con el relevamiento oficial, al 31 de diciembre de 2024 había 4.119 chicos incluidos en el ámbito penal juvenil.
De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, es decir, sin privación de la libertad, mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de restricción o privación de la libertad. Además, se registraron cuatro adolescentes con prisión domiciliaria y un caso del que no se cuenta con información precisa sobre la modalidad de abordaje.
Adolescentes no encerrados
El informe destaca que ocho de cada diez adolescentes con causas penales no estuvieron encerrados, sino que fueron alcanzados por programas de acompañamiento, supervisión y abordaje en el marco de redes sociocomunitarias. Sin embargo, aunque los indicadores generales muestran una tendencia descendente respecto de años anteriores, el CNPT advirtió una leve suba en la cantidad de menores bajo regímenes de encierro.
Durante 2024, el sistema penal juvenil contó con 174 dispositivos en todo el país. De ese total, 75 estuvieron destinados a la aplicación de medidas penales en territorio, mientras que 99 correspondieron a situaciones de encierro: 63 de privación de la libertad, 27 de restricción y nueve dispositivos de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, el informe señala que predominan ampliamente los delitos contra la propiedad, que representan el 57,1% de los casos. Les siguen los delitos contra las personas, con el 13,9%, y aquellos vinculados a la integridad sexual, que alcanzan el 7,5%.
Menores de 16 años en el sistema penal juvenil
Uno de los datos más sensibles del relevamiento es la presencia de chicos menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Según el CNPT, se registraron 48 adolescentes de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban alojados en dispositivos de encierro.
Con la legislación vigente, que establece la punibilidad a partir de los 16 años, estos adolescentes son considerados no punibles y deberían ser abordados exclusivamente por los organismos del sistema de protección integral de derechos, y no por el sistema penal.
La tasa nacional de encierro del sistema penal juvenil fue de 1,8 jóvenes alojados en dispositivos de privación de la libertad cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las jurisdicciones de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superan ampliamente ese promedio. Córdoba y Buenos Aires, además, concentran cerca del 75% del total de adolescentes privados de la libertad.
Entre los jóvenes punibles, el informe indica que más del 60% de quienes se encontraban bajo medidas de encierro tenía entre 16 y 17 años. A su vez, más del 30% continuaba cumpliendo medidas judiciales aun después de haber alcanzado la mayoría de edad, lo que vuelve a poner en discusión los límites y alcances del sistema penal juvenil.
Los datos del CNPT se conocen en un contexto de fuerte discusión política y social sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Condiciones de detención
Más allá de las cifras sobre el sistema penal juvenil, el documento profundiza sobre las condiciones de detención en general.
El informe del CNPT) da cuenta de la persistencia -y en algunos casos profundización- de vulneraciones graves a los derechos humanos en cárceles, comisarías y otros lugares de encierro, tanto en el ámbito federal como en los sistemas penitenciarios provinciales
Según los datos sistematizados por el organismo, las principales afectaciones registradas durante el año pasado se concentraron en tres ejes centrales: la restricción arbitraria de la vinculación familiar y social, las dificultades de acceso a la justicia y las falencias en la atención de la salud. Estas problemáticas aparecen de manera reiterada en los reclamos recibidos por el CNPT y en los monitoreos realizados en todo el territorio nacional.
Vínculos familiares
En materia de vínculos familiares, el informe señala limitaciones injustificadas en los regímenes de visita, traslados gravosos que alejan a las personas detenidas de sus entornos afectivos y obstáculos para acceder a medios de comunicación adecuados. Estas prácticas, advierte el Comité, impactan directamente en la dignidad de las personas privadas de libertad y dificultan cualquier estrategia de reinserción social.
El acceso a la justicia constituye otro de los puntos críticos. El CNPT relevó numerosos casos de personas detenidas que no logran comunicarse con sus defensores, desconocen el estado de sus causas judiciales o enfrentan trabas en la progresividad de la pena. Estas situaciones, lejos de ser excepcionales, se repiten de forma sistemática en distintas jurisdicciones del país, sin diferencias significativas entre el sistema federal y los provinciales
Salud
A ello se suma un panorama preocupante en materia de salud. El informe describe una atención médica deficiente o directamente inexistente, falta de provisión de medicamentos esenciales y respuestas inadecuadas ante derivaciones extramuros. Para el Comité, estas falencias configuran vulneraciones graves al derecho a la salud y, en muchos casos, derivan en consecuencias irreversibles.
El relevamiento de 2024 muestra que estas problemáticas estructurales atraviesan por igual a cárceles federales, provinciales y dependencias policiales.
La información fue recopilada a partir de denuncias realizadas por personas privadas de la libertad, familiares y allegados, además de registros propios del CNPT y de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, integrados en el sistema informático SIPRET.
El informe también dedica un apartado a las políticas de prevención impulsadas durante el año. Entre ellas se destaca el monitoreo del uso de la fuerza pública en manifestaciones sociales, la elaboración de guías de actuación para los mecanismos locales y la formulación de observaciones a proyectos de ley vinculados al régimen penal, la seguridad y el encierro. En ese marco, el CNPT alertó sobre iniciativas que podrían implicar retrocesos en materia de derechos humanos, como restricciones al acceso a la comunicación o ampliaciones imprecisas del uso de la fuerza.
Otro eje relevante del documento es la producción y sistematización de información. El Comité subraya la importancia del Registro Nacional de Lugares de Encierro, Población y Capacidad de Alojamiento, una herramienta clave para dimensionar la magnitud del encierro en la Argentina y orientar las políticas públicas. Sin embargo, advierte que aún persisten vacíos de información en varias jurisdicciones, especialmente en relación con muertes en contexto de detención.
