Asociación Azul por la Vida Independiente, Nuba y E.S.T.A.R, que conformaron un frente que, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de rango constitucional en la Argentina), ha abierto una causa judicial a fin de que el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia cumpla con la ley 10.205. Hablamos con Gabriela Troiano, impulsora de la medida judicial, exdiputada nacional socialista quién padece una enfermedad que la ha dejado casi sin visión, aunque la tiene y con mucha garra, en este y otros temas cuando a la hora de reclamar derechos humanos de dignidad, para las personas con discapacidad.
Esta Ley, en cuyo art. 9 ordena a la autoridad competente que abone en concepto de pensión por discapacidad el “haber jubilatorio mínimo” en la provincia, que a valores actuales supera en mucho el importe que se abona. El haber mínimo en la provincia es superior a los $13.000, mientras que las pensiones no superan un promedio de $1.200.-
La demanda judicial colectiva, que patrocina el Dr. José M. Martocci, Director de la Clínica de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, se promovió ante el silencio del IPS frente a dos reclamos cursados en los meses de abril y de junio. Actualmente se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, a cargo de la Dra. María Ventura Martínez.
Nuestra expectativa es que el Estado provincial y su IPS se ajusten a la ley y cumplan con su mandato claro en relación al derecho a la seguridad social asegurando un piso de vida digno para toda persona con discapacidad. La actual situación, que persiste desde hace muchos años, es inconstitucional y debe revertirse con urgencia.
GABRIELA TROIANO, diputada nacional (MC) -Partido Socialista- es primero una persona discapacitada (no vidente), luego docente e integrante de las organizaciones Asociación Azul por la Vida Independiente y Nubala. Nuestro Multimedios la entrevistó en el programa Con Zeta de radio EL DEBATE, nos dijo.
Gabriela disparó de arranque “Hace más de 10 años que no se actualiza el monto de las pensiones de los discapacitados que están entre $ 850 y $ 1200 y es un monto totalmente irrisorio y esto fue lo que ocasionó múltiples reclamos” dijo con certeza.
Y amplió ex diputada nacional Troiano, “Ya una vez que uno intenta poder mejorar eso y no lo logra, termina todo en manos de la justicia…, -y explica la acción- se inició una demanda colectiva la patrocina (gratuitamente) la Clínica Jurídica de la Universidad de La Plata (UNLP) por el Dr. Martocci, y las asociaciones que intervinieron fueron por un lado Asociación Azul que trabaja por la vida autónoma y independiente de la gente con discapacidad y por otro lado NUBA que lo hace para que la gente con discapacidad pueda tener un trabajo en el ámbito privado y por último una organización de Mar de Plata que es ESTAR”.
Gabriela marca el reclamo con la Ley y su artículo “Lo que se está incumpliendo es el artículo 9 de la Ley de Pensiones de la ley 10.205 en donde en donde plantea la actualización qué puede ser automática y que una persona con discapacidad no puede cobrar menos que un jubilado. Los menores cobran 1200 y los mayores están cobrando 850” dice con voz de tono indignado y remata “En esta pandemia, que no fue buscada por nadie, la canasta básica de alimentos saltó de $30000 a $42000…. -y dice lo obvio- entonces esto va agravando toda la situación” para quienes representa en el reclamo.
Asegura Gabriela “La causa esta firme y ya se hizo un pedido de informe al IPS, y ahora en estos momentos está siguiendo su curso… así que nosotros la estamos siguiendo… para la gente con discapacidad, porque muchos de ellos nos dicen que, entre morirse hambre y contagiarse prefieren el Covid-19” explicando el porque se realizará una marcha de protesta.
Mas adelante la docente discapacitada explica respecto a la situación de la gran mayoría de persona con discapacidad “Algunos de ellos pueden trabajar, pero no consiguen trabajo porque es muy difícil que las personas con discapacidad sean contratadas por sus capacidades, esto debe ser un cambio cultural y social importante… -completa-, las personas con discapacidad pueden trabajar, encima son muy eficientes y esto está comprobado, por empresas en otros países que contratan gente con discapacidad”.
“Tenemos esperanza que sea con inmediatez, como le solicitamos a la jueza el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, a cargo de la Dra. María Ventura Martínez, donde se tramita la causa, que -termina- sabemos de su compromiso con el tema y esperamos que actúe en consecuencia” afirmó lo mas pronto posible.
