El incremento es cercano a la pauta del 29% que buscaba imponer el gobierno, en línea con la previsión oficial de inflación. Pero quedó lejos de la pretensión de las dos CTA. En septiembre hay prevista una revisión.

El gobierno acordó esta tarde con las principales centrales sindicales y patronales del país un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil del 35%, que se pagará en siete cuotas entre abril y febrero de 2022, cuando alcanzará los $29.160. El incremento puede acelerarse porque se fijó, además,  una revisión en septiembre para acompasarlo con la inflación efectiva que se haya registrado hasta ese momento.

El primer aumento se cobrará este mes y será del 9%. En mayo ajustará 4%, en junio, otro 4%; en julio, 3%; en septiembre, 5%; en noviembre 5% y en febrero de 2022, 5%. Así, el monto final llegará a los $29.160, todavía muy lejos del salario promedio y del costo de la canasta básica, que alcanzó en marzo un valor de $60.874 para una familia tipo.

El último ajuste de este concepto, que sirve como referencia a los trabajadores fuera de convenio y a ciertos programas sociales, se había realizado en octubre pasado. En esa oportunidad se acordó un aumento de 28% en tres cuotas, que resultó por debajo de la inflación de 2020 y consolidó el quinto año de caída real del salario mínimo.

Las diferentes centrales sindicales llegaron a la reunión en trabajo con pretensiones. La CTA pidió que el Salario Mínimo recuperara lo perdido desde fines de 2015. Según un estudio propio, eso implicaba un incremento del 70% para llevarlo a $35 mil. La CTA Autónoma quería más: Equiparar el costo de la Canasta Básica, que mide la línea de pobreza, y que se ubicó la semana pasada en %60.874, lo que hubiese supuesto un incremento del 200%.

Finalmente, el incremento quedó lejos de esas dos últimas propuestas y más cerca de la mata del gobierno de alinear los incrementos salariales con la meta presupuestaria de inflación, del 29%. Es el camino que tomaron la mayoría de los sindicatos, aunque casi todos también plantearon cláusulas de revisión ante la posibilidad de que ese límite sea rebasado. Esa una posibilidad cierta dado el 13% del Índice de Precios al Consumidor en el primer trimestre.

La reunión se realizó de manera virtual y comenzó pasadas las 15. Por el lado patronal, contó con la participación de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la asociación de Banco Privados de Capital Argentino (ADEBA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y las centrales agrarias que integran la Mesa de Enlace, entre otras.

Esteban Castro, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) participó como invitado, del mismo modo que Marcelo Fernández, de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y Carlos Marín, de Argencon.

La reunión se llevó a cabo mientras que organizaciones de izquierda se manifestaban en las calles del centro para solicitar que el salario mínimo escale a $60.000, en línea con el costo de vida de una familia. La manifestación fue criticada porque no cumplió con las normas de cuidado anti Covid.

El salario mínimo  se usa como referencia sobre todo para el sector informal de la economía, y su suba impacta además en los montos de la jubilación mínima y el salario mínimo docente, así como en los de distintos programas gubernamentales como el Potenciar Trabajo o el Salario Social Complementario.

(DIB) AL