Luego de la devaluación que mejoró la rentabilidad del sector y la eliminación de restricciones a la comercialización exterior de la producción, la dirigencia agropecuaria insiste con que baje la presión tributaria. Este último punto parece ser el más difícil de lograr, ya que una de las primeras decisiones que tomó el nuevo Gobierno fue impulsar un aumento en las retenciones a todas las producciones agroindustriales.
El campo deja atrás el 2023, signado por la continuación de una sequía histórica que terminó en uno los desastres productivos más importantes de las últimas décadas, y emprende un nuevo año con un clima a favor y donde el sector vuelve a reclamar a la política una menor presión tributaria, reglas de juegos claras y el ordenamiento de la macroeconomía.
Con la llegada del fenómeno climático de El Niño las lluvias se hicieron presentes en gran parte de la región agropecuaria del país y promete dejar la segunda mejor cosecha de la historia, con 137 millones de toneladas, que permitirá exportar 99 millones de toneladas de granos y el ingreso de US$ 35.800 millones.
Es por eso que despejado el panorama productivo en cuanto a lo climático, sumado a la devaluación que mejora la rentabilidad del sector y la eliminación de restricciones a la comercialización exterior de la producción, la dirigencia agropecuaria enfoca sus esfuerzos en lograr reglas de juego estables y previsibles, al mismo tiempo que insiste con que baje la presión tributaria.
Lo cierto es que este último punto parece ser el más difícil de lograr, ya que una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Javier Milei fue impulsar un aumento en las retenciones a todas las producciones agroindustriales, a excepción de una veintena de economías regionales, sumada la lechería.
Así, la iniciativa que está incluida en el la denominada “Ley ómnibus” y que tendrá que ser debatida en el Congreso Nacional prevé llevar los derechos de exportación al 15%, lo que en maíz y trigo implica un incremento de dos puntos en la alícuota, mientras que en carne vacuna representa seis puntos, en girasol ocho puntos y en producciones como el algodón o el maní, 15 puntos.
A raíz de esto, la dirigencia del sector espera no sólo revertir esta decisión, sino también que se establezcan reglas de juego claras y previsibilidad para el desarrollo de los negocios.
En diálogo con Télam, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo que “el campo cierra un año 2023 climática y políticamente complicado. Estamos saliendo de una sequía histórica de tres años consecutivos que dejó a muchos productores fuera de su actividad y un Gobierno que no apostó a la producción, con medidas que impedían el desarrollo”.
“El tema principal será la brecha cambiaria y la eliminación total de los derechos de exportación. Este es un reclamo histórico de CRA, y no importa quién gobierne. Siempre hemos dicho que es un impuesto que hace mucho daño, inclusive dentro de las cadenas de valor”, dijo Castagnani.
Por eso, remarcó la necesidad de “tener un Gobierno que entienda la producción, necesitamos reglas claras impositiva y productivamente”.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, también hizo hincapié en la difícil situación que atravesó el campo con el clima.
“Cerramos un año que empezó muy duro, agudizando una sequía que pegó en todo el país y que aún sigue pegando en algunas zonas. Esa razón nos hizo perder las expectativas de producción. Por suerte la cuestión se fue revirtiendo con el pasar de los meses”, dijo Pino a Télam.
En la misma línea, opinó que “desde la economía y política sectorial transitamos un año que termina con un cambio de modelo generando expectativas para lo que viene. Confiamos en que el nuevo Gobierno genere el rumbo que el sector y el país necesita y que va a poner en práctica lo que siempre pregonó: un sector con libertad de mercados, producción sin retenciones y reglas estables”.
Por último, el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, espera que en 2024 “se vean superadas las dificultades políticas, sociales y económicas, y climáticas que tuvimos y podamos contar con políticas públicas que promuevan el desarrollo socio económico del país, incentiven la producción y la generación de trabajo con empleo genuino, con reglas claras y perdurables en el tiempo”.
Para Laucirica es necesario “el arraigo rural, mejorar la calidad de vida rural, con inversiones en caminos rurales, electrificación y conectividad, y un país con mejor educación, seguridad, justicia y salud para todos los argentinos”.
POR JUAN MANUEL COLOMBO (Télam)
