Aproximadamente existen unos 570.000 niños con discapacidad en la Argentina y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Mientras que 125.000 cursan estudios en educación especial el 60% de ellos los hace en escuela comunes, aseguran desde UNICEF
El 60% de los estudiantes discapacitados cursan estudios en escuelas comunes en la Argentina, un porcentaje que se duplicó respecto a 2005, aunque todavía muchas escuelas no admiten su inscripción pese a la vigencia desde el año pasado de una resolución del Consejo Federal de Educación que considera este acto como discriminatorio.
Especialistas en discapacidad de UNICEF, Derechos Humanos de la ONU, académicos de la Universidad Autónoma de Madrid y autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, debatieron en un seminario sobre educación inclusiva, organizado por la cartera, ante docentes, organizaciones y padres de niños con discapacidad.
La representante de UNICEF en Argentina, Florence Bauer, aseguró que aquí aproximadamente existen unos 570.000 niños con discapacidad y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Y mientras que 125.000 cursan estudios en educación especial, el 60% de ellos lo hace en escuela comunes.
Bauer detalló que este porcentaje “se ha duplicado en la Argentina desde el 2005, lo que posiciona al país en una situación positiva” aunque mencionó que “aún restan afrontar numerosos desafíos como aumentar la permanencia y la terminalidad, tanto en la educación formal como la no formal”.
La dirigente mencionó además la necesidad de incrementar la formación docente en discapacidad ya que el maestro es el que está en contacto con los chicos” y remarcó que la Argentina a diferencia de otros países de la región “tiene todos los elementos para avanzar en estos desafíos”.
No obstante, las organizaciones sociales aseguraron que en muchas escuelas “no se cumple” la resolución 311 -de marzo del 2016- del Consejo Federal de Educación que ordena a las instituciones educativas inscribir a los chicos con discapacidad sin ningún tipo de restricciones” y que también establece Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) para que estos estudiantes puedan integrarse a una escuela común.
“En algunos colegios no es que dicen que van a ver si la aplican, directamente aseguran que no lo van a hacer”, reclamó una docente y aseguró que esta situación se da en especial en aquellos colegios privados en los que ante el reclamo de algún padre les aconsejan que en la escuela no lo inscriba “porque la institución tiene una dinámica en la que el chico no se adaptaría”.
El secretario de gestión educativa del Ministerio de Educación, Max Gulmanelli, dijo que la resolución 311 “plantea el desafío de que cada chico tenga su propio recorrido, su proyecto individual, el título de cada alumno es único e irrepetible y todos son válidos” aunque aseguró que esa resolución “está incompleta en algunos aspectos como la de contemplar a los chicos que tienen altas capacidades”.
“La resolución 311 tiene impacto nacional y es vinculante, correspondiendo a las provincias la obligación de que se cumplan las leyes educativas. Desde la nación tenemos que llegar con capacitación docente y monitoreo de su nivel de implementación” , puntualizó Gulmanelli.
Y agregó “No tenemos el dato duro de en cuántas escuelas no se aplica, sabemos que todavía no es cultura en las escuelas aplicarla, el dato es que no hay datos, tenemos poca información en este sentido pero venimos trabajando para tenerlos”.
Detalló también que cambiar esto “es un proceso lento, hay pocos países en el mundo con un sistema totalmente inclusivo, muchas veces los tiempos de los chicos no son los de las escuelas y gobiernos. Hoy ya no se esconde la discapacidad en el seno de la familia, hoy los chicos empiezan a ir a la escuela y, asumiendo esta diferencia de tiempos, estamos en el camino de la inclusión plena”.
Cecilia Simón Rueda, especialista en discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid, destacó que la educación “es un aspecto central de una sociedad inclusiva y debemos tomar acciones para cambiar los entornos educativos y lograr una perspectiva de inclusión basada en los derechos, para lo cual debemos modificar la mirada que tenemos hacia el otro, en cómo entendemos los educadores que debe ser la respuesta a la diversidad”.
Indicó en este aspecto que “las dificultades no están en los estudiantes sino en el entorno educativo, por lo que cada institución debe preguntarse dónde debe poner el foco, qué barreras tiene que superar que le están impidiendo al estudiante superar esas dificultades. Todo estudiante tiene derecho a no ser discriminado, pero si no podemos dar respuestas a estas preguntas, estamos negando ese derecho”.
Para Simón Rueda “estamos ante un desafío que, a su vez, puede ser un proceso de enriquecimiento. Introducir cambios en estructuras, contenidos y estrategias de enseñanza pero estas transformaciones no sólo tienen que ver con los centros educativos sino en las políticas que adopta un gobierno, la escuela tiene una parte importante en estos cambios pero no la única”.
Para Facundo Chávez Penillas, asesor en derechos humanos y discapacidad del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “hoy en la Argentina es un hecho auspicioso que se hable tanto de educación inclusiva y discapacidad” y valoró que se haya dispuesto en el país el “Sistema Integral de Información Digital Educativa”, que registra los apoyos a las personas con discapacidad. Esta es una iniciativa interesante que veo por primera vez en Latinoamérica”.
Llamó eliminar la frase “en la medida de las posibilidades del estudiante” que en las escuelas dicen cuando deben recibir a un chico con discapacidad y “establecer esa verdadera imposibilidad de que una institución educativa se niegue a recibir a un chico de estas características porque sería etiquetarlo a partir de un diagnóstico y esto es sinónimo de exclusión”.
