El caso de los cuatro jóvenes muertos en un accidente tras ser perseguidos a los tiros por policías volvió a poner en escena un tema que, pese al paso de los años y las administraciones, parece no tener solución: la violencia institucional y el gatillo fácil.
Pese a los controles y sanciones, que aumentaron en los últimos años, los datos oficiales muestran que los casos de violencia institucional se mantienen a lo largo de los años, casi sin alteraciones. En la mayoría de los ellos aparecen implicados oficiales de la Policía bonaerense, seguidos por miembros del Servicio Penitenciario provincial y, en menor medida, personal de otras fuerzas.
Con más de 90 mil efectivos, la Bonaerense es el principal cuerpo armado del país. Su omnipresencia también se siente en las denuncias de violencia institucional: según las estadísticas de la Procuración General, en el primer semestre de 2018 (el último registro disponible) hubo 2556 denuncias por violencia institucional: en el 57% de los casos aparecen como implicados oficiales de la fuerza provincial (1456 casos). Se trata de ocho denuncias diarias, una cada tres horas, por delitos que van desde lesiones leves hasta homicidios.
Otros datos marcan esta realidad: de las 23 muertes denunciadas como casos de violencia institucional, 12 se les imputan a miembros de la fuerza; de los 737 hechos denunciados en la vía pública, en 609 intervino al menos un integrante de la Policía provincial.
En total, por las 2556 denuncias realizadas en el primer semestre del año pasado fueron denunciadas 1060 personas, aunque apenas 44 fueron formalmente imputadas por algún delito. De ese universo, 29 son bonaerenses.
Las sanciones aplicadas se multiplicaron considerablemente en los últimos años, pero parecen no hacer mella en la evolución de los casos de violencia institucional.
Fuente: DIB
