Gestionar los territorios indígenas es complejo por la superposición de intereses de distintos sectores. Con apoyo del PNUD, un proyecto que lidera la FAUBA acompaña a comunidades locales para que logren controlar sus tierras y conservar su diversidad biológica y cultural.
Muchos pueblos indígenas y comunidades locales se sienten parte de la naturaleza, por lo cual la respetan y toman de ella sólo lo que necesitan para vivir. Esta manera de vincularse con el entorno ayuda a conservar territorios que contienen alta diversidad biológica y cultural. Esas áreas se denominan TICCA. Sin embargo, en todo el mundo diferentes actividades productivas avanzan sobre tierras indígenas. En este escenario, representantes de Pueblos kolla y mapuche, de la academia, del Ministerio de Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales se reunieron con el fin de analizar y debatir sobre las dificultades que tienen las comunidades indígenas para decidir sobre sus territorios. El encuentro se dio en el marco del Proyecto Estratégico de Acompañamiento a los Proyectos TICCA y la Consolidación de una Red de TICCA en Argentina (PEAPTICCA) que lidera la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
“En un contexto global en que cada vez se pierde más diversidad biológica y cultural debido a los cambios en el uso de la tierra, las áreas mejor conservadas son, en general, las que habitan y manejan los pueblos indígenas y las comunidades locales. Pero día a día, tanto los pueblos como las comunidades tienen más problemas para manejar sus tierras. Desde el proyecto nos planteamos abordar los desafíos que ellos enfrentan para decidir sobre esas áreas. En particular, nos cuestionamos si se les brindan los espacios necesarios para participar en las políticas públicas que influyen sobre los territorios en cuestión”, señaló Ana Álvarez, integrante del PEAPTICCA que cuenta con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Los pueblos indígenas y las comunidades locales ya tienen consagrado el derecho a la tierra en la Constitución Nacional, pero existe una brecha entre las normativas y la realidad. Un ejemplo de esto son los intentos de desalojo y las presiones de expropiación que sufren a menudo”, puntualizó Álvarez durante el seminario del PEAPTICCA Diversidad Biocultural, Conflictos y Gestión Territorial.
¿Por qué las comunidades no pueden decidir sobre sus tierras?, se preguntó retóricamente Daniel Somma, Presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales. A su entender, cuando los territorios se piensan desde una identidad nacional, abarcativa y omnipresente, se vuelven invisibles las miradas de las primeras naciones indígenas y las comunidades locales, y se traba su participación en la toma de decisiones.
Somma explicó que “a la hora de decidir qué hacer sobre determinadas superficies se ponen en juego intereses entre ONG, gobiernos, academia y sectores empresarios. En estos procesos de interacción, se da una asimetría muy marcada. Los pueblos y las comunidades locales no tienen espacio para participar de la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Tenemos que empezar a valorar y reconocer que existen distintas cosmovisiones, buscar la armonía y promover el uso sustentable de esas áreas”.
Si bien existe legislación sobre el tema, sigue siendo un desafío lograr una administración que tenga en cuenta esa diversidad. Florencia Gómez, Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfatizó que “en una misma superficie conviven diferentes normativas. Se pueden superponer la gobernanza indígena, la de áreas protegidas y la de las provincias. Más allá del estatus jurídico que exista en esa tierra, lo que efectivamente conserva o recupera su biodiversidad es que la comunidad indígena o local tenga la gobernanza efectiva. Esto se logra con un Estado que promueva la organización de las comunidades y el intercambio de experiencias exitosas”.
Herramientas para la diversidad
Una experiencia destacable de convivencia y consenso es la que tiene lugar entre la comunidad mapuche y la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén. Verónica Huilipan, integrante de la comunidad mapuche Lof Kinxikew, comentó a Sobre La Tierra que “el Estado Argentino y Parques Nacionales reconocieron que se encontraban sobre territorios mapuches con un sistema de vida, una organización y un uso particular. A partir de ese evento se abrió el diálogo para pensar el área de forma conjunta”.
Y añadió: “Una vez que se comienza a pensar de forma colectiva, también se generan condiciones para sumar a las decisiones a otras instituciones, como las universidades. Es fundamental adecuar la normativa de Parques Nacionales al Derecho Indígena y llevar adelante planes de ordenamiento integral territorial que sean interculturales, interdisciplinares e interinstitucionales”.
Para Ceferino Zárate, referente de la comunidad Tinkunaku del Pueblo Kolla de Salta, es necesario generar mecanismos que aseguren el control de los territorios en manos indígenas. “Tras años de conflicto de tierras con el Ingenio ‘El Tabacal’ ganamos la titularidad de casi 100.000 hectáreas. Sin embargo, las tierras no quedaron registradas bajo una ley de propiedad comunitaria indígena, y eso representa una debilidad legal”.
Ante tal situación, Ceferino destacó que los TICCA son herramientas clave para que las comunidades se organicen, reciban el acompañamiento de otros actores sociales como, por ejemplo, la academia, y consigan los recursos necesarios para lograr gestionar de forma efectiva sus tierras.
“Los TICCA contribuyen a que conservemos diversidad cultural y biológica —sostuvo Jorge Nawel, miembro de la confederación Mapuche de Neuquén, durante otro evento del PEAPTICCA—. Ambas diversidades se potencian. Al sentirnos parte de la naturaleza, tomamos de ella lo que necesitamos para sobrevivir. De esta forma, mientras recuperamos y consolidamos nuestra identidad, cosmovisión y vínculo con el entorno natural, resguardamos áreas amenazadas por modelos de desarrollo que se basan en la explotación desmedida de la biodiversidad”.
Tierra, vida y cultura
“Diferentes actividades extractivas avanzan y afectan los territorios de los pueblos originarios. La agricultura es una de las principales, ya que se expande a costa de la deforestación. Entre el 2001 y el 2015, las comunidades del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que usaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Al degradarse el bosque remanente, disminuyó la calidad de vida del 64% de las comunidades que estudiamos”, afirmó José Paruelo, docente de la FAUBA, investigador del Conicet e integrante del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección LART-FAUBA.
Por último, Libertad Mascarini, docente de la FAUBA y Responsable Técnica del PEAPTICCA, coincidió con Paruelo en que la ciencia y las universidades son espacios fundamentales para valorar y dar visibilidad a los saberes ancestrales, y dijo “En las aulas podemos cuestionar el concepto de la tierra como un medio de producción y cambiarlo hacia una mirada que incluya la vida y la cultura de quienes lo habitan y producen”. Por su parte, Paruelo agregó: “el sector académico puede contribuir a buscar soluciones en pos de realidades más justas. Cuando los pueblos originarios y las comunidades locales acceden al control de sus tierras, la sociedad en su conjunto se beneficia al fortalecerse la diversidad biocultural”.
Por: Sebastián M. Tamashiro
