Se trata de un estudio interdisciplinario y federal, dirigido desde la Universidad Nacional de La Matanza y que abordó seis grandes regiones del país. Los efectos de la pandemia, por qué las prestaciones del Estado evitaron una mayor pobreza, pero no alcanzaron para garantizar la seguridad alimentaria y el rol de las mujeres de los sectores populares, algunas de las claves.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria es un concepto clave que implica que las personas tengan acceso a alimentos en buena calidad, cantidad y disponibilidad, y, además, hacerlo de manera segura y socialmente respetable. En los países de América Latina, el escenario en relación a este punto es sumamente crítico, y Argentina no es la excepción. Un reciente estudio interdisciplinario y federal, liderado por desde la Universidad Nacional de La Matanza, analizó, justamente, el cuadro de situación respecto a este tema, en especial en el panorama durante la pandemia.
“En Argentina en particular hay un elevado problema de malnutrición, que se refleja en niños con sobrepeso y obesidad. A su vez, la inseguridad alimentaria está muy vinculada a la pobreza y a la indigencia. En ese sentido, ya previo a la pandemia teníamos, en Argentina, niveles de pobreza significativos pero que se agudizaron aún más con la llegada del COVID”, puntualiza Ianina Tuñón, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Departamento de Sociales y Humanidades de la UNLaM.
El estudio, liderado por Tuñón, fue multicéntrico, ya que abarcó investigaciones y entrevistas en diversas regiones: La Matanza, Gran La Plata, San Rafael de Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Río Negro. Cada una, explica la especialista, con sus características, ya que algunas zonas, como Santiago del Estero, ya traían niveles alarmantes de desnutrición infantil y malnutrición, mientras que otras, como Mendoza o Córdoba, presentaban niveles más prósperos. Aún así, todas experimentaron situaciones de inseguridad alimentaria y se vieron obligadas a innovar, en términos de alimentación.
Un escenario alarmante
En relación cómo cambió el escenario con la llegada de la pandemia, Tuñón explica que, por ejemplo, en 2019 había un 50 por ciento de niños y niñas en condición de pobreza, y, para 2020, en plena situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la cifra ascendió a uno 60 por ciento. “Sin dudas, la situación crítica sanitaria impactó fuertemente en la seguridad alimentaria de muchos sectores y muchas familias. En ese contexto y con ese escenario complejo, se volvieron claves las políticas de transferencias de ingresos que implementó el Estado”, subraya la investigadora.
Entre esas iniciativas, Tuñón menciona la Tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de políticas de ayuda alimentaria directas, como entregas de cajas de alimentos. Además, se sumaron las labores hechas en comedores comunitarios, que hacían entregas de viandas, una actividad, explica la científica social, que remitía a lo vivido en el país durante la crisis de 2001.
De acuerdo a las principales conclusiones observadas por el equipo de investigación, las prestaciones complementarias realizadas por el Estado evitaron que se agudice la situación de pobreza o de indigencia en muchos sectores, pero no implicaron una mejora en la calidad nutricional de los productos.
“La pandemia fue una situación extrema, pero en lo que llevamos de postpandemia, no hemos logrado mejorar la calidad de la alimentación. Porque hay desafíos estructurales que se ven en la alimentación infantil. Cuando uno analiza las cajas de alimentos o las viandas escolares, se ven muchos alimentos enlatados, arroz, fideos, y muy poco contenido de alimentos frescos, como frutas, verduras, carnes o lácteos. Y estamos hablando de nutrientes esenciales para los primeros años de vida”, alerta Tuñón.
De acuerdo al estudio, durante los años de pandemia hubo, por ejemplo, una merma de carnes. “En el caso de La Matanza o Gran La Plata, se mutó mucho al consumo alternativo de pollo, mientras que en zonas de Río Negro se comió carne de caballo guisada o, directamente, desapareció el consumo de carne, como en algunas zonas de Santiago del Estero. En esta última región hubo un consumo mucho más localizado de cereales, pastas y arroz”, enumera.
En este sentido, la investigadora remarcó que el Estado nacional y los estados provinciales tienen un desafío superlativo “en poder ofrecer al menos una comida diaria para todos los chicos, especialmente los de mayor vulnerabilidad social, y con ofertas alimentarias que sean ejemplares y completas”.
“Hay mucho para hacer, e, incluso, la política alimentaria podría ser muy virtuosa en términos de generación de trabajo para mujeres de sectores sociales populares”, ejemplifica Tuñón, al tiempo que agrega que se podría llevar a cabo una vinculación con sectores de la economía popular que existen en todos los cordones hortícolas de las grandes ciudades.
Del rol de las mujeres a la importancia de los enfoques interdisciplinarios
La investigación federal llevada a cabo por el equipo mostró el rol protagónico que tuvieron las mujeres en todo este proceso, además del vínculo entre distintos sectores sociales.
“Las mujeres que históricamente estuvieron en barrios populares de áreas metropolitanas, trabajando en comedores comunitarios, se encontraron con mujeres de otros sectores que se acercaron a estos comedores para brindar su ayuda. Fue sumamente interesante, porque se produjo una relación entre sectores históricamente marginados con sectores populares que estaban integrados al mundo del trabajo informal”, explica Tuñón. De esta forma, señala la académica, amos grupos de mujeres lograron unir fuerzas para poder garantizar la alimentación de sus hijos.
Otro aspecto a destacar, en la conformación del equipo, es que dialogaron y se articularon muchas disciplinas, como la sociología, la nutrición, la psicología, la educación física, la antropología, la demografía y la geografía. “Todos estos campos del saber pudieron hacer contribuciones muy interesantes, porque es una temática muy compleja, que tiene correlación con la situación socioeconómica y donde hay factores culturales y regionales que son muy importantes para poder producir cambios estructurales en términos de una alimentación segura”, remarca.
https://twitter.com/UnlamOficial/status/1671582986670596096
El estudio formó parte del proyecto “Efectos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el ejercicio del derecho a la salud en las infancias argentinas” y fue financiado por la Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), como un proyecto PISAC.
Además, derivó en la publicación de una obra, La cuestión alimentaria en tiempos de ASPO-COVID-19, que fue presentado la semana pasada en la Biblioteca Leopoldo Marechal, en la UNLaM. “Esperamos que sea una herramienta para la clase política, como referencia para gestionar mejor, y también para que nuestros estudiantes puedan acceder a esta información”, aseguró la investigadora.
Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)
