CON EL AGUA AL CUELLO

Por Eduardo Rivas – Decía el abuelo Manolo, mi bisabuelo en rigor de verdad, que ‘cuando uno anda en la mala, pisa mierda y se resbala’, y pareciera que, en términos judiciales, el intendente Osvaldo Cáffaro anda a los resbalones, porque a las causas que ya hemos expuesto en este mismo sitio de los terrenos de la Costanera y el electroducto de Barrio 6 de agosto sumamos ahora una nueva causa legal contra el Municipio en relación al Proyecto vial que permitió la ejecución de la Obra de ensanche de calle Caseros con cantero central, es decir las obras que el Municipio cargó a costa de los contribuyentes para facilitar el emprendimiento inmobiliario privado de Zárate Chico. Dicho llanamente y en criollo como le gustaba hablar a mi bisabuelo

Esta es la contracara de la ‘plusvalía’ que tanto mencionan los funcionarios municipales cuando se refieren al toma y daca negociado con unos ‘inversores’ que como contraprestación de algunos metros para que el gobierno local “se luzca”, sí entre comillas, ante los vecinos, recibe el cambio de uso establecido en el código de planeamiento a fin de poder hacer una mejor y mayor explotación del espacio disponible y una serie de obras de infraestructura que el Municipio no tenía en sus planes y no eran una prioridad, pero ya se sabe que para Cáffaro y sus adláteres el fin justifica los medios.

Sin tanta visibilidad como otras causas, en esta presentación judicial Flavia Madoz responsabiliza al Municipio por las consecuencias que trajo aparejada en su vivienda la ampliación de la calle Caseros. Dicha causa judicial ya cuenta con pericias profesionales que dan cuenta, efectivamente, que la realidad de las propiedades mutó a partir de obras civiles desarrolladas por el Municipio y solicita a la Justicia que se realicen medidas paliativas para lograr un mayor y mejor escurrimiento de agua, que hoy por hoy ven dificultosa su llegada al río, desagüe natural de la ciudad, y que provocan deterioros en las viviendas de la zona de Villa Smithfield.

El Municipio dio cuenta de los planteos vecinales en la Justicia y tomó vista de los informes periciales pero los desestimó por entender que, entre otras cosas, ‘una vez puesto en funcionamiento el sistema de drenes el equilibrio de los niveles hasta alcanzar su estado óptimo demora al menos un año’, argumento desestimado por el agrimensor actuante quien afirma ‘que los niveles freáticos tienen una dinámica permanente en función de una serie de variables hidrogeológicas que no son precisamente el solo transcurso del tiempo’, o lo que es lo mismo, podemos esperar el paso del tiempo pero algo hay que ir haciendo porque el tiempo no lo arregla todo. Un argumento en línea con lo que supo señalar Guevara cuando dijo ‘Podemos intentar injertar el olmo para que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar perales’, puesto que podemos esperar que el tiempo ajuste las cuestiones, aunque el solo paso del tiempo no lo resuelve porque no es lo mismo que durante ese tiempo llueva mucho o llueva poco, por ejemplo.

La cuestión es que pese a todo, y a todos, los vecinos tienen las aguas a pocos centímetros de donde viven a diario, donde sus niños juegan y donde hoy, por ejemplo, tienen que cumplir el aislamiento. En la causa judicial se expone que quienes más afectados están son los vecinos de Caseros y Pedro Martini, a menos de cien metros de donde vive la Secretaria de Salud Rosana Núñez, por lo que sería oportuno su opinión para contrastar sobre cuál es la realidad en la propiedad en la que vive y, en consecuencia, la del barrio.

Decía el General Perón que la única verdad es la realidad, en consecuencia hacemos desde estas líneas un llamado a la Dra. Núñez para que una vez más, como tantas otras, dé lo mejor de sí en pos de los vecinos, ahora de sus vecinos más cercanos, para un futuro mejor. Y si le parece señor Intendente quizás usted también pueda participar de la observación.

Este caso es, quizás, uno de los mejores exponentes de la Gestión Cáffaro. Muchos vecinos pagan las consecuencias de los negocios para pocos, que son maquillados como acuerdos entre el Estado y los privados con beneficios para todos y que terminan judicializados porque las cosas no se hacen bien. Y si algo arranca mal, termina mal inexorablemente.

De esto tampoco se habla en los medios locales, puesto que el Municipio cuenta con un blindaje mediático que lo cuida para que los vecinos no conozcan la trastienda del Gobierno Cáffaro.

Pero se viene el fin, y la fiesta la vamos a tener que pagar todos…