La iniciativa oficial de abrir la red y universalizar los medios de pago abrió un debate en torno de los pros y contras del viejo sistema y de las formas de modernizarlo.
El adelanto que en exclusiva dio ayer Infobae acerca del decreto que prepara el Gobierno para universalizar los medios de pago para el uso de medios de transporte público y poner a competir a la tarjeta SUBE, permitiendo el pago con cualquier tarjeta o medio de pago tuvo una buena recepción mediática y en redes.
Y también generó un debate en torno del tema, sobre todo con respecto a las comisiones que pagará el nuevo sistema, cómo cobrarán las empresas de transporte, cómo será el manejo de los datos privados de los pasajeros –hoy unificados en una única base de datos– y también sobre quiénes deberían hacer las nuevas inversión para actualizar el sistema.
Hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó: “El Gobierno tomó la decisión de liberar el sistema de pago del transporte público como ocurre en otras ciudades del mundo donde se puede abonar con tarjeta, con celular o el medio que se crea más conveniente”.
“La SUBE no va a dejar de existir, va a ser una opción más, no la única. Para nosotros sigue cumpliendo un rol clave para fiscalizar los servicio que prestan las empresas de servicios de colectivos y los gatos que realizan», anunció Adorni.
“Esto significa no sólo simplificar un servicio que se creó hace quince años y todavía seguía dependiendo de la carga en un kiosco o en una estación de pago sino también la federalización total del sistema. Cuando haya más novedades y precisiones sobre este punto tan relevante para buena parte de los argentinos se los estaremos comunicando”, finalizó.
Si bien funciona, la operación de SUBE ya lleva más de una década y no tuvo mayor actualización tecnológica, algo que se hace evidente en las dificultades para extender los saldos negativos o el máximo de dinero a cargar por tarjeta, además del doble paso para validar la carga que se hace virtual. Además, tiene una estructura de personal que parece haber crecido mucho y de manera innecesaria, con poca prestación de desarrollo tecnológico y escasos servicios de atención al público.
“Esto significa no sólo simplificar un servicio que se creó hace quince años y todavía seguía dependiendo de la carga en un kiosco o en una estación de pago sino también la federalización total del sistema” (Adorni)
“¿Cómo se haría el control de las operaciones para el pago del subsidio con semejante dispersión de medios de pago? Los teléfonos móviles serían una opción para resolver mayor y mejor acceso de pago, una alternativa que nunca quiso ser desarrollada por Nación Servicios, el organismo oficial a cargo de la red. Por otro lado, podría terminarse en una transferencia de recursos a operadores privados sin inversión y con manejo de información sensible y rentable: el movimiento de los usuarios, frecuencia, origen y destino, motivos de los viajes”, se preguntó una fuente entendida en el tema que pidió off the record.
El decreto que prepara el Gobierno planteará un sistema abierto con dispositivos que se ubicarán en colectivos y estaciones deberán aceptar todas las tarjetas, bancarias o de fintech, de débito, crédito o prepagas, sin ninguna distinción. No habrá marcas o bancos con exclusividades, ni siquiera temporarias.
Al haber múltiples empresas de transporte (solo en AMBA, la red SUBE tiene más de 340 líneas de colectivos), se espera que haya más de una empresa que ofrezca los servicios de provisión de lectores de tarjeta y el procesamiento posterior de los pagos.
Javier Bolzico, presidente de Adeba, dijo que el sistema bancario cuenta con el desarrollo, recurso humano y tecnología para facilitar el pago del transporte público con tarjetas contacless y NFC [por la tecnología inalámbrica Near Field Communication].
“Las entidades competirán para ver quienes ofrecen mejor servicio y más beneficios a los usuarios de transporte público, para que lo elija. Sería un cambio muy importante respecto a la situación actual donde los usuarios no pueden elegir, no tienen un sistema sencillo para cargar la tarjeta, y tampoco la pueden adquirir con facilidad. Esta clase de alternativas para el transporte público ya son una realidad y se extienden rápidamente por la región en ciudades de Brasil, Colombia, Guatemala y México en donde se puede pagar con tecnología contactless y NFC”, reafirmó Bolzico.
Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de Ualá, celebró la iniciativa. “Más opciones para el consumidor. Menos monopolio. Mejor. La competencia nos eleva”, dijo en X, al comentar la nota de Infobae. “Todavía recuerdo la primera reunión que tuvimos en SUBE, en 2016. No habíamos lanzado Ualá. Sugerí emular el sistema de Londres, Oyster, y que cada uno pudiera pagar con cualquier tarjeta”, dijo Barbieri. La respuesta que recibió, señaló, fue “olvídate, nene, acá nunca”.
En tanto, el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, dijo que el sector busca impulsar la apertura, la competencia y la implementación de sistemas interoperables.
“La tarjeta SUBE siempre fue un tema que se planteó para la discusión, pero nunca se habló de reemplazarla por completo. Debe seguir funcionando con todos los beneficios que trae en cuanto a tarifas sociales e incluso para quienes la elijan como genuino medio de pago”, señaló a Infobae. Además, aseguró que aún no se estableció cómo será el pago a las empresas de transporte, pero que la idea es que sea “igual o mejor” que el actual.
“Más opciones para el consumidor. Menos monopolio. Mejor. La competencia nos eleva” (Barbieri)
Sobre las comisiones destacó: “Hoy la SUBE se lleva el 7% y una transacción con tarjeta de débito paga 0,8%. Para los medios debería ser mucho más conveniente porque van a estar pagando un fee por uso de la infraestructura de pagos mucho menor”. Y en cuanto a la inversión para que el sistema funcione, no tuvo dudas: “Tiene que venir del sector privado, pero también deben estar claros los incentivos para que eso suceda. La implementación en una red fija y con fibra óptica en todo el tramo, como es el subte porteño, por caso, es muy distinta a hacerlo en líneas de colectivos en el AMBA. Por más que la inversión venga del sector privado, debería haber una sincronización y trabajo conjunto milimétrico entre los operadores del transporte público, los gobiernos, reguladores. Después, si es QR, NFC u otra tecnología, debería ser transparente para el usuario, que usará lo que considere mejor y más práctico”, concluyó.
Damián Arabia, diputado nacional cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también celebró la iniciativa. “Para entender rápidamente: SUBE es una empresa estatal monopólica (Nación Servicios), de 1.050 empleados, que cobra el 7% de comisión de cada pasaje de tren, colectivo o subte, cuando una tarjeta de crédito cobra como máximo el 1,8% o débito el 0,8%. Además de ahorrarnos esa comisión carísima, no se consigue el plástico de la SUBE por ningún lado, en muchos casos es difícil conseguir donde cargarla o dónde acreditar la carga, y si te la olvidaste o la perdiste no tenés forma de viajar”, explicó ayer en la red X.
“Los turistas, extranjeros o nacionales, no pueden utilizar el transporte público porque no tienen SUBE. Por último, como en el supermercado, podría haber descuentos. Abrir la competencia y poder pagar con cualquier tarjeta o celular, facilita y abarata los costos a cada uno de nosotros. Abramos SUBE”, agregó Arabia, quien presentó un proyecto de ley sobre el tema en marzo, para lograr un “alcance total” en todos los medios de transporte y para todas las tarjetas y sistemas de pago, NFC y otros que pudieran crearse”.
El proyecto especifica también que las terminales “deberán ser financiadas por los medios de pago, quienes también podrán poner promociones especiales”.
Objeciones
Sin embargo, desde sectores de oposición surgieron objeciones a la iniciativa todavía en elaboración. Por un lado, reconocieron que la operación de la SUBE tiene un notable retraso tecnológico, “que se hace evidente en las dificultades para extender los saldos negativos o el máximo de dinero a cargar por tarjeta, además del doble paso para validar la carga que se hace virtual”. Por otro lado, concedieron también que la comisión del 7% “está por encima de lo que cobran los operadores financieros” aunque también –agregaron– “muchas veces por debajo de otros operadores de tarjetas similares en distintos puntos del país”.
Otra objeción fue que la administración del sistema, a cargo de Nación Servicios, una empresa del Banco Nación, “creció a una escala innecesaria, con poca prestación de desarrollo tecnológico y escasos servicios de atención al público” y que la comunicación del sistema ha sido pobre.
A pesar de todo, insistieron en defensa de la tarjeta introducida por el kirchnerismo en 2009, “la SUBE es un sistema integral, no solo un medio de pago. Contiene datos personales, tarifa social, información financiera”, con lo cual la dispersión de los medios de pago podría vulnerar la privacidad de millones de usuarios. “La migración de datos del SUBE a múltiples plataformas conlleva un ruptura de la privacidad legal y de una complejidad (tarifa social, red SUBE, y otros descuentos) de traslado información y costos”, señalaron.
Otra objeción fue que las tarjetas de crédito pagan a los 18 días, mientras la SUBE a las 24 horas. ¿Aceptarían las empresas este sistema de recaudación?, fue una de las dudas planteadas. Pero conocedores del sistema y de la iniciativa oficial respondieron que “obviamente” habrá una adecuación de las normas del Banco Central y que los bancos y emisores de tarjetas pagarán los costos y harán las inversiones necesarias para ser parte de un negocio que mueve miles de millones de pesos por día.
“La inversión no la harán ni el Estado ni las empresas de transporte”, dijo un conocedor del tema ante la observación de que, según los objetores de la iniciativa, el costo de adquisición de nuevos equipo rondaría los 1.500 a 2.000 dólares por unidad.
Otra duda que surgió es cómo, con tanta dispersión de medios de pago, se haría el control de operaciones para el pago de subsidios en el boleto o la aplicación de la tarifa social. No obstante, el proyecto oficial prevé que la SUBE siga funcionando en paralelo a los nuevos medios de pago. Mientras éstos incorporen la posibilidad de aplicar los beneficios, la SUBE podría contemplarlos tal como ocurre hoy.
Inversiones
Un documento de análisis de los bancos de capital argentino nucleados en Adeba, interesados en el desarrollo de alternativas, dice respecto de las inversiones que habrá que hacer y quiénes la harán que la tarea del sector público –Nación, Provincia de Buenos Aires, BCRA, y otros organismos– será generar un marco normativo de universalización de medios de pagos del transporte pública e inversiones en infraestructura y comunicaciones, para lograr un mayor alcance de internet. Por caso, mediante un mejor red de fibra óptica, algo que redundará en un mejor esquema de comunicación en general, no limitado al transporte público. De hecho, según el análisis de los bancos “posiblemente por la disponibilidad de fibra óptica en todo su recorrido, el subte es el medio de transporte que podría estar más cerca de la implementación de un sistema abierto de estas características”.
El sector privado, a su vez, tendrá a su cargo instalar los sistemas de lectura de los diferentes medios de pago y a los proveedores de medios de pago (Bancos, PSP, procesadoras) proveer los sistemas de pago que soporten la operatoria. El punto central, dijeron los bancos en el documento difundido en junio de 2023, “es sumar alternativas en vez de limitar posibilidades”.
El sistema vigente, dicen bancos y proveedores de medios de pago, quedó obsoleto “por tratarse de un sistema cerrado, en el que sólo se puede pagar el boleto si antes se obtuvo una tarjeta SUBE, lo que deja afuera al resto y va en contra de la interoperabilidad de los medios de pago. Además, prosiguen, exige fondeo previo (carga de la tarjeta) que complica al usuario, pues si no dispone de la SUBE al momento de abordar el medio de transporte, por olvido, extravío, insuficiencia de saldo o cualquier otra causa, queda excluido. Para peor, dicen, “la recurrente falta de plásticos se constituye en una dificultad adicional”.
La modernización y universalización de los medios de pago, concluyen, beneficiará directamente a millones de argentinos que usan regularmente la red SUBE, mejorará la experiencia de las personas usuarias (ahorro de tiempo, mayor facilidad de pago, competencia entre empresas para fidelizar uso) e incluso permitirá a turistas y ciudadanos de jurisdicciones donde no hay red usar el transporte público sin complicaciones.
Solo a modo de referencia, precisó el documento de Adeba, “en la Argentina hay más de 91 millones de plásticos emitidos entre tarjetas de débito y crédito bancarias, además de las tarjetas prepagas emitidas por fintechs”, lo que da una idea de la capilaridad y alcance de la universalización y los beneficios que tendrían para los usuarios de transporte público. “Los turistas, extranjeros o nacionales, no pueden utilizar el transporte público porque no tienen SUBE”, apuntan a un punto ciego del actual sistema.
Qué dicen los transportistas
En el sector de transporte, la reacción fue más cautelosa. “Todo lo que sea innovación y mejoras, bienvenido. Pero no tiene que ser sólo un negocio para los bancos. La SUBE tiene 12 años y funciona bien, pero tiene problemas con los plásticos y una estructura muy grande. Tenemos algunas dudas. La tarjeta no es solo un medio de pago, también permite geolocalizar las transacciones. ¿Cómo se hará con otros medios de pago? Igual, para los subsidios. No está claro tampoco cómo va a funcionar las bases de datos, que ya no estarán unificadas”, dijeron desde una de las cámaras empresarias del sector del transporte de colectivos, en parcial coincidencia con quienes objetaron, en principio, la iniciativa oficial.
“Hoy la recaudación, por ejemplo, se paga al día siguiente. Las empresas estamos con muchos problemas y si los bancos nos pagan a 20 días, no nos sirve. No está claro. ¿Qué comisiones nos van a cobrar? Todo esto habrá que especificarlo muy bien. Los operadores estamos afuera de la mesa de negociación por el momento”, comentó un empresario de transporte, que planteó otra duda: “Los pagos contactless cómo en España, por ejemplo, ¿se van a poder hacer en lugares con muy poca señal como pasa en algunos sitios del Conurbano? Hay temas financieros y operativos que debemos clarificar. Esto nos tiene que servir a todos”.
En el sector de los medios de pago, sin embargo, fueron más asertivos sobre la necesidad y beneficios de la universalización de los medios de pago. “El sector viene hablando del tema desde hace mucho. El sistema SUBE puede seguir existiendo, como en Australia, Brasil e Inglaterra. Queremos que sea un sistema abierto y digitalizado. Con respecto al tiempo de pago, por el momento serían los mismos, no creemos que haya cambios, se podría pagar igual que ahora, sin problemas. Esto aportará mucho a la digitalización de todo el comercio. Si pagás el transporte con NFC, vas a pagar la gaseosa del quiosco de igual manera. Se genera un hábito positivo”, destacó un ejecutivo de una de las grandes empresas del rubro.
Sin embargo, de su respuesta surgen algunas cuestiones que podrían generar rispideces con los transportistas a la hora de la instrumentación de un nuevo sistema, abierto y universal. Sobre quién debería pagar la actualización tecnológica, el ejecutivo dijo que debería ser “conjunta” entre privados, por ejemplo entre las empresas de transporte, los medios de pago –como las tarjetas de crédito y débito– los fabricantes de lectoras de esas tarjetas, los adquirentes –como Prisma y Fiserv–, y otros. “Cuánto pagará cada uno y quiénes seremos al final, se verá. Como sea no suele ser montos inalcanzables. Es relativamente fácil”, aseguró.
“Un sistema en competencia por parte de tarjetas de crédito, débito, billeteras digitales y otros actores del mercado redundará en beneficios para el usuario” (Di Pace)
Por su parte, Damián Di Pace, director de Focus Market, celebró la idea de abrir el sistema. “Es el puntapié inicial para darle más alternativas al usuario, reducir la burocracia y tiempos de recarga de la SUBE al usar la propia cuenta en otro medio de pago, desintermediar y elegir por competencia en el mercado y beneficio sobre qué medio de pago es más conveniente para cada medio de transporte, entre otros” expresó.
“Un sistema en competencia por parte de tarjetas de crédito, débito, billeteras digitales y otros actores del mercado redundará en muchos beneficios. La competencia reducirá costos para el gobierno, desburocratizará el sistema y beneficiará al consumidor”, concluyó el director de Focus Market.
Decreto en marcha
Lo cierto es que la iniciativa, que se discute en varios despachos del Gobierno al mismo tiempo, está tomada: el Gobierno emitirá un decreto para quitarle la exclusividad a Nación Servicios y al sistema SUBE en la administración del pago de los boletos de transporte público de todo el país. Será el primer paso para que todos los usuarios puedan pagar el colectivo, el subte o el tren con cualquier tarjeta de débito o crédito. En el proyecto intervienen la Secretaría de Comercio, la de Transporte y el Banco Central, con distintas competencias y en conversación con las empresas involucradas para llegar a un texto final a la firma de Luis Caputo y del Presidente Javier Milei.
El decreto en marcha derogará otro, el 84/2009, que implementó el Sistema Único de Boleto Electrónico y lo puso en manos del Banco Nación. También dejará en el camino el “convenio marco” que regulaba ese manejo monopólico por parte de Nación Servicios.
No se trata de algo sencillo. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y Gran Buenos Aires), la red SUBE tiene más de 340 líneas de colectivos. Además, se espera que haya más de una empresa que ofrezca los servicios de provisión de lectores de tarjeta y el procesamiento posterior de los pagos. Según el Gobierno, se tratará de contratos entre privados, entre transportistas y empresas financieras.
Fuentes del mercado financiero aseguran que ya hay avances en este terreno. Sbase, la empresa de subterráneos de Buenos Aires, está cerca de cerrar un acuerdo con un grupo de prestadores tecnológicos para instalar en los próximos meses un lector de tarjetas en paralelo a los lectores de SUBE en cada estación porteña. Y en el caso de las líneas ferroviarias administradas por el Estado nacional se prevé que se vean obligadas a llamar a una licitación pública para designar un proveedor.
La SUBE seguirá
El nuevo esquema, vale reiterar, prevé que en todos los casos el sistema SUBE siga vigente. Todos los nuevos medios de pago se agregarán al sistema actual. Y sin la incomodidad de que el usuarios “ponga la tarjeta a su nombre”.
En cuanto a la tecnología, el borrador del decreto apunta al uso de tarjetas contactless que permiten el pago con solo acercarlas al lector, ya sea el plástico o bien el teléfono celular que las lleva cargadas, en el caso de quienes usen billeteras como Google o Apple Pay. Se menciona el uso de la tecnología NFC como la alternativa principal.
Una de las dudas es si se podrá utilizar el pago con QR, que podría quedar excluido por la dificultad que entraña su “tiempo de latencia”: es decir un rezago de varios segundos, un tiempo de espera razonable en la caja de un supermercado pero no para abordar un colectivo o el cruce de un molinete de la red de subte porteña. Una eventual exclusión del QR podría afectar negativamente a Mercado Pago, principal impulsor de la tecnología QR en el país.
¿Y Nación Servicios?
¿Cuál será el futuro de Nación Servicios una vez abierto a la competencia de los privados? En el mercado sobran las conjeturas. Una de ellas es que se reconvertirá para prestar otros servicios por fuera del sistema SUBE en el sector financiero. Otra es que ingrese en planes de privatización o, al menos, la llegada de un accionista privado. Pese a la reticencia del Congreso y del gremio bancario, la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación apunta a transformarlo en sociedad anónima, un paso previo en la dirección privatizadora.
Un punto crítico que explican quienes conocen la actividad de Nación Servicios, que a diferencia del Banco Nación ya es una sociedad anónima, es su sobredimensión de personal. Según datos oficiales, Nación Servicios tiene 1.026 empleados que además, en la gestión de Silvina Batakis al frente de la entidad, pasaron a encuadrarse en la Asociación Bancaria. A poco de asumir su cargo en 2022 tras su breve paso por el ministerio de Economía, Batakis acordó con el gremio que conduce Sergio Palazzo darle la condición de trabajadores bancarios al personal de Nación Servicios y también incorporar a la planta permanente del Banco a 248 trabajadores encargados de vender las tarjetas, con el reconocimiento de su antigüedad.
