El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, anunció que en 2018 se realizará un Censo Nacional Agropecuario y sostuvo que después de las elecciones de medio término que se llevarán a cabo en octubre se comenzarán a discutir los aspectos impositivos que repercuten sobre los costos laborales.
Buryaile realizó estas precisiones durante un encuentro que mantuvo con más de un centenar de productores rurales nucleados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“El año que viene se va a hacer el censo agropecuario. Ya estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las estadísticas hacen falta y hoy no tenemos estadísticas confiables”, indicó.
El ministro dijo que -a su criterio- el último censo “válido” fue realizado en 2002, ya que el concretado en 2008 tuvo resultados parciales y quedó “incompleto”, entre otras cuestiones.
Políticas para poner orden
En el plenario, las autoridades de la entidad pyme advirtieron que “faltan políticas dirigidas a poner orden dentro del vínculo y la relación del sector público y privado, pero sobre todo en beneficio de nuestro sector”.
A la vez, remarcaron la necesidad de “devolver competitividad a nuestras economías regionales, no solamente a nosotros sino a la economía en su conjunto, en especial en lo que respecta a los costos internos y la tremenda presión impositiva”.
En base a este último punto, Buryaile expresó que “es cierto que la Argentina es uno de los países con mayor presión impositiva en la región y probablemente en el mundo que asfixia, pero yo quiero darle un halo de esperanza, porque la visión que tenemos como Gobierno es la de hacer bajar parte de los costos que tienen esas empresas”, y puso como ejemplo de esto la sanción de la denominada Ley Pyme.
Dijo que “después de estas elecciones nos sentaremos a hablar entre el oficialismo y la oposición de qué es lo que queremos para adelante y dentro de esa reforma hace falta hablar de los costos laborales, que no tiene nada que ver con los costos salariales, sino de la presión impositiva que grava el trabajo y acá tenemos que distinguir entre lo que son economías regionales y lo que es economía central”.
De todas maneras, señaló que “seguramente el año que viene vamos a tener un Congreso distinto y un diálogo distinto y yo creo que la dirigencia empresarial tiene que ponerle a esto la cordura necesaria para entender sobre cuatro o cinco puntos que tengamos que hablar, porque cuando hablamos de presión impositiva tenemos que hablar de gasto público necesariamente”.
“Hoy el 65% de la erogación del presupuesto de la Nación está destinado a gastos sociales. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que hablar de cómo hacemos para sostener la política de desarrollo social que venimos haciendo sin por ello caer en ningún tipo de ajuste de los planes sociales”, agregó.
