Pese a haber desarrollado operaciones por cifras millonarias, se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos del grupo.
Esto se desprende de una deuda de $147,4 millones de IVA y Ganancias y de $211,3 millones de impuestos a la seguridad social. Los montos exigidos, tal lo reflejan los edictos que serán publicados en el Boletín Oficial, corresponden a los períodos fiscales 2016 y 2017.
Al realizar un profundo análisis del movimiento de los fondos cobrados por los viajes en el país, se detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior a través de un complejo entramado societario internacional. Con posterioridad, el porcentaje correspondiente a cada chofer regresó a la Argentina por medio de al menos tres entidades financieras.
El organismo consideró que en el período fiscalizado (2016/2017) Uber desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los propietarios de los vehículos y de sus conductores. De este modo, corresponde que la empresa pague IVA y Ganancias a través de su representación permanente en el país.
Por otra parte, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes.
La fiscalización concluyó que no se pagaron tributos a la seguridad social por más de 16.000 choferes. Esta conducta de la empresa impide que dichos trabajadores gocen de los mismos derechos que aquellos que están registrados, como vacaciones, aguinaldo, Obra Social, ART y una futura jubilación.
Fuente: Los Andes
