La iniciativa es impulsada por el diputado provincial Claudio Frangul en la Legislatura Bonaerense.

La iniciativa, que lleva el nombre de “Ley Benjamín”, fue elaborada en conjunto con ONGs dedicadas a la temática.

El diputado provincial Claudio Frangul presentó en la Legislatura Bonaerense un proyecto de ley que garantiza el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales.

La iniciativa, que lleva el nombre de “Ley Benjamín”, fue elaborada en conjunto con ONGs dedicadas a la temática y la familia del niño platense de siete años que obtuvo un fallo del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Plata para continuar sus estudios.

En 2020, con tan solo cinco años, Benjamín hizo primero y segundo de manera virtual y aprobó los niveles con puntaje excelente. En 2021, mientras cursaba el tercer grado, la Dirección de Escuelas bonaerense planteó que debía retroceder y volver a segundo. Sus padres llevaron el caso a la justicia. La sentencia del juez Atencio favorable a Benjamín fue ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.

“El fallo judicial que le permitió a Benjamín tener su proyecto pedagógico individual y promover a cuarto grado, cambió todo. Con este reconocimiento explícito del Estado de las altas capacidades intelectuales (ACI), ahora tenemos que ajustar la normativa para que la próxima familia que se enfrente a esta situación no tenga que pelearla recurriendo a la justicia”, señaló el diputado radical.

“En la actualidad los niños con ACI no son contenidos por el sistema educativo. Cuando uno habla con las familias lo que tienen en común es un gran sufrimiento en lo emocional. La incapacidad del sistema de reconocerlos los lleva a sentirse frustrados. Nosotros decimos basta de nivelar para abajo”, indicó.

Según consta en el proyecto, las altas capacidades intelectuales implican una capacidad excepcional para razonar y aprender en uno o más dominios como matemáticas o lenguaje. Aunque no hay estadísticas definidas, se considera que al menos el 2% de la población tiene un coeficiente intelectual superior a 130, son superdotados, y un 15% tiene altas capacidades.

El proyecto del diputado radical establece un marco regulatorio para la detección y abordaje integral para niñas, niños y adolescentes de nivel inicial, primario y secundario con altas capacidades intelectuales. Se impulsan programas de capacitación en altas capacidades intelectuales tanto para los docentes activos, como para los espacios de formación docente.

El proyecto incluye sanciones en el caso de incumplimientos por parte de las escuelas y legítima para accionar a los padres o representantes legales en instancia administrativa y ante la justicia. También se estimula la creación de especializaciones de posgrado en la temática en las universidades e institutos terciarios con asiento en la provincia.

Las provincias de Jujuy, Chaco y Catamarca ya reconocen por ley las altas capacidades intelectuales y la necesidad de implementar proyectos pedagógicos individuales para garantizar el derecho a la educación.

(DIB)