La iniciativa #ChauGrasasTrans propone un límite máximo al contenido de grasas en productos industriales como margarina, galletitas y snacks que, según especialistas “ocasionan más de 500.000 de muertes cada año”.
Organizaciones de consumidores y especialistas en nutrición avanzan en una campaña que busca modificar el ordenamiento legal para reducir las porciones de grasas trans y eliminar los aceites hidrogenados en la producción industrial de alimentos.
La campaña #ChauGrasasTrans -de ella se trata- es impulsada en la Argentina por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar) y la organización “Consumidores Argentinos”, e impulsa un cambio en la normativa de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) para establecer un límite máximo al contenido de grasas trans de producción industrial del 2 por ciento respecto a las grasas totales en todos los productos, incluyendo aquellos que son utilizados como ingredientes y/o materias primas, además de prohibir el uso del aceite parcialmente hidrogenado.
Maga Merlo Vijarra, co-coordinadora del área de salud de Fundeps, dijo a Télam que “la cantidad máxima de grasas trans de origen industrial permitida en los productos alimenticios se encuentra regulada por el Código Alimentario Argentino (CAA)”.
💰 Las empresas utilizan #GrasasTrans por su bajo costo, para darle mayor estabilidad a las frituras, para que sean más maleables los productos de repostería y panadería, y para aumentar la duración y vida útil de los productos ultraprocesados y frituras. pic.twitter.com/mnmraeiXeE
— Fundacion SANAR (@fundacion_sanar) August 20, 2021
“En septiembre, desde Fundeps, Sanar, FIC Argentina, Fagran y Consumidores Argentinos presentamos una propuesta ante la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) para que la Argentina avance hacia una regulación de grasas trans más restrictiva y que prohíba el uso de aceites parcialmente hidrogenados. Se planteó: establecer un límite máximo al contenido de AGT (ácidos grasos trans) de producción industrial del 2 por ciento respecto a las grasas totales en todos los productos, incluyendo aquellos que son utilizados como ingredientes y/o materias primas; y prohibir el uso del aceite parcialmente hidrogenado”, subrayó.
En ese sentido, añadió que “esta propuesta va en línea con los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado argentino a la vez que se encuentra en consonancia con el marco regulatorio interno. Desde la perspectiva de derechos humanos, habiendo sido más que demostrado el impacto negativo que las grasas trans tienen para la salud humana, la obligación de proteger está a cargo del Estado e implica que deba adoptar medidas que prevengan el consumo de estas grasas y que prohíban los aceites parcialmente hidrogenados, una de las principales fuentes de las grasas trans”.
“Hoy en día, las grasas trans producidas industrialmente se encuentran en una amplia variedad de productos ultraprocesados”
María Belén Núñez
María Belén Núñez, licenciada en nutrición, miembro fundador y co-coordinadora del área de salud de Sanar (Sociedad Argentina de Nutrición en Alimentos Reales), dijo a Télam que “hoy en día, las grasas trans producidas industrialmente se encuentran en una amplia variedad de productos ultraprocesados como margarina, galletitas, snacks, baños de repostería, helados, productos precocidos, entre otros, así como también en productos de panadería y comidas artesanales elaboradas con grasas hidrogenadas”.
“Si bien la industria alimenticia las utiliza para brindar mayor período de conservación, mayor duración de fritura, disminuir costos y aumentar la palatabilidad, hoy la evidencia científica demuestra que su consumo produce efectos nocivos en la salud humana. Son un factor importante en la generación de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus y cáncer, ocasionando discapacidad y muertes prematuras”, advirtió.
“La lucha por la sanción de etiquetado marcó un precedente en cuanto al involucramiento de la sociedad civil en las políticas públicas de salud. Es creciente el interés de la comunidad en saber qué es lo que está consumiendo y si al hacerlo, conlleva algún riesgo para su salud. La lucha por la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal dejó reflejado que las y los consumidores exigen transparencia y justicia a la hora de realizar sus compras”, completó Núñez.