En una carta enviada al Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, la entidad que nuclea a más de 2.300 institutos de enseñanza de gestión no estatal en la Provincia expresó “la preocupación que deviene del atraso en los pagos de las prestaciones básicas para personas con discapacidad ,que se ha producido en el presente mes y que se suma al pago diferido generado por la dinámica del sistema de integración que gira el dinero correspondientes a los prestadores con 60/90 días posteriores a la presentación de la facturación”.
AIEPBA manifestó además que esta situación de demora hace años que no se registra y que “coincide con el tratamiento del recorte presupuestario a Salud anunciado por el actual Ministro de Economía, situación que abre en la comunidad infinidad de hipótesis”.
La nota remitida a la ANDIS sostiene que “es nuestra intención manifestar nuestra preocupación, que es en definitiva la preocupación de todos los que trabajamos y velamos por los derechos de las personas con discapacidad; y también buscar en la ANDIS, fuente fehaciente de información, la respuesta a esta situación de tanta incertidumbre”.
A su vez, la institución que agrupa a centros de enseñanza provincial pide que el organismo oficial ofrezca “tranquilidad al colectivo, clarificándonos lo ocurrido, regularizando por su intermedio el cobro de las prestaciones, y repensando nuevas formas de funcionamiento del sistema de integración para acortar los enormes plazos de cobro que se establecen regularmente luego de presentada la facturación, dado que con la actual inflación, estas demoras son insostenibles y obligan a los prestadores a ajustar permanentemente la oferta con el solo fin de seguir sosteniendo el servicio y a riesgo de tener que cerrar las puertas de las instituciones”.
En los últimos días, se conocieron diferentes reclamos de instituciones que ofician de prestadores de servicios para personas con discapacidad por demoras en los pagos que deberían haber recibido de las obras sociales a las que facturan. Son planteos que se hicieron ante varios entes estatales, que involucran a millones de pesos y que afectan a miles de personas con discapacidad que son los beneficiarios de esos servicios.
