Por Eduardo Rivas – Cuando en política no bastan las cuestiones racionales para justificar una acción (o una inacción) se recurre a un concepto que permite que lo moldee de acuerdo a las necesidades circunstanciales, la voluntad política, aquello que Guevara decía de las condiciones subjetivas. La contraparte de esto, es la de responsabilidad política.

Hay responsabilidades que están claramente definidas en la legislación argentina para establecer qué se puede hacer y qué no, y cuáles son las consecuencias se hacer lo que no se debe o de no hacer lo que se debe, la responsabilidad política, en cambio está en este plano más difuso en el que nadie puede determinar dónde comienza y donde termina.

Está claro que Sergio Berni no es el responsable del femicidio de Úrsula Bahillo, no en términos penales, pero cuál es la responsabilidad del Ministro de Seguridad si la gente a su cargo rechaza una denuncia por violación de la perimetral porque, según denunciara la madre de Úrsula ‘no trabajaban el fin de semana’.

¿No hay acaso una responsabilidad política al respecto? Si suele ser ‘su’ Fuerza Buenos Aires, tal como la define el Ministro, la que consigue logros en la lucha contra el delito y entonces comparte las mieles del triunfo, ¿Porque no suele ser ‘suya’ parte de la responsabilidad cuando las cosas no salen como se debe?

Ahora informan que ‘el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, ordenaron la intervención de la comisaría local y de la Comisaría de la Mujer de la localidad de Rojas.’, pero ¿No sabían lo que ocurría en esas dependencias policiales? Si no lo sabían es preocupante, puesto que una fuerza policial no puede manejarse si no hay conducción verticalista que garantice una cadena de mandos que permita acceder a la información de lo que ocurre. Si lo sabían y no hicieron nada es más grave aún. El problema no son solo las Comisarías de Rojas, el problema es mucho más complejo. ¿Cuál es la realidad en los otros 134 Distritos de la Provincia de Buenos Aires?

Se supo además que el acusado no solo tenía radicadas denuncias en su contra por Úrsula y una ex pareja, además tenía una causa por abusar de una adolescente discapacitada en la cual el fiscal había pedido su detención el pasado 5 de enero, pero como el juez estaba de vacaciones el juez Marcelo Romero, quien actuaba como subrogante, no hizo lugar al pedido porque entendió que si habilitaba la feria vulneraba el principio del juez natural. El fiscal volvió a pedir la detención del acusado el pasado 4 de febrero, un día antes de la última denuncia de Úrsula en contra de Martínez, el pedido aun no fue resuelto, de nada sirve que lo resuelvan.

Los cambios reales no pasan por repetir ‘las y los’, o utilizar el ‘les’, que sin duda puede constituir una discusión sobre el rol del lenguaje como formador cultural y su reproducción como sostenimiento del status quo, sin dudas que eso es importante, pero hay cuestiones más urgentes que tapan esta realidad. En Argentina en lo que va de 2021 mataron a 38 mujeres, una muerte cada 27 horas, casi un femicidio por día, y en muchos casos hay responsabilidad de los cuerpos policiales y de seguridad y en todos hay responsabilidad del Estado. Y al Estado lo gobiernan hombres y mujeres que tienen que asumir la responsabilidad política cuando las cosas no se hacen bien.

Si la Policía de la Provincia de Buenos Aires no hace las cosas bien, su responsable que no pudo o no supo conducir la fuerza tiene que asumir la responsabilidad política del caso y dar un paso al costado. Hasta aquí los hechos son como denuncia la madre de Úrsula, y no hay por qué pensar que así no sea.

Pero no basta solo con eso, es necesario una política estatal consistente para evitar nuevos femicidios. Muchas de las acciones no son más que puestas en escenas para simular algo que no existe.

Veamos un ejemplo.

Cuando en noviembre pasado denunciamos la inacción del Departamento de Políticas de Género (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/11/03/ni-una-menos-pero-en-serio/) rápidamente salieron, como de costumbre gobernando con el diario del lunes, con una campaña sobre Políticas de Género que incluyó fotografiarse con un vecino denunciado por violencia de género (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/11/20/en-la-boca-del-lobo/), campaña que no llegó ni a fin de año, porque no había voluntad política de trabajar en la temática sino tan solo hacer como que hacían, porque mientras esto ocurre, Marcelo Heiz, denunciado por abuso sexual, sigue trabajando en el Municipio.

Y por si fuera poco, desde el propio gobierno municipal informan off the record que el Departamento de Políticas de Género se encuentra virtualmente acéfalo dada la no concurrencia de su titular, Laura Breglia, a su puesto de trabajo.

El terminar con los femicidios requiere de todos nosotros, de la justicia para que proteja a las víctimas de violencia de género antes que se conviertan en homicidios, de la policía para que garantice la ejecución de lo dictado por la Justicia, y a su vez para que desde la Comisaría de la Mujer se canalicen las denuncias para que la Justicia actúe, y de la sociedad toda, para que no se naturalice un flagelo que golpea a las mujeres de una manera dramática.

Si esto es visto como un flagelo y se quiere actuar en consecuencia todos estamentos del Estado deben alinear sus esfuerzos. La Comisaría de la Mujer, la Unidad Fiscal temática, los Jueces de Garantías, los Juzgados de Familia, todos deben accionar en pos del objetivo común, que no haya más violencia de género. Si se quiere accionar en serio de otra manera, no puede ser que la Unidad Fiscal deba solicitar y justificar el pedido de las medidas para evitar la violencia de género (prohibición de acercamiento, botón antipánico, exclusión de hogar, etc.) al juez de Garantías, y que todo el proceso se demore entre 48 y 72 horas… siempre y cuando sea de lunes a viernes, porque si toca fin de semana que ya tardaría cinco días en salir la medida.

Pero no es solo la Justicia, es el Estado en todas sus caras. Por ejemplo, Zárate no tiene refugio para las mujeres que deben irse de su casa por ser víctimas de violencia de género que se albergan, como última instancia, en algún espacio ‘prestado’ al Municipio.

No basta con campañas de publicidad como la que encararan el año pasado, sin seguimiento real de cada caso es imposible realizar un trabajo serio y responsable. Pero entonces, y a riesgo de ser reiterativo, debemos reconocer que esto no solo no es una prioridad ni siquiera es un interés del Estado Municipal.

En Zarate vale más pavimentar que contener y trabajar a una denunciante de violencia de género. Una vez más resuena aquella vieja canción de Violeta Parra que cantara su hija Isabel…

Zárate no invierte en profesionales para la temática.  Los pocos que hay están precarizados.

Zárate no tiene como prioridad el trabajar con las víctimas de violencia de género y el evitar que haya nuevas víctimas de violencia de género.

 

El Estado es responsable de lo que ocurre. El Estado debe garantizar que no ocurra. Y para ello debe brindar herramientas. ¿Cuáles? Por ejemplo, un lugar propio para la Comisaría de la Mujer, para que deje de ocupar un predio que no le pertenece porque es del Club Sarmiento.

Tenemos que exigir del Estado políticas activas para terminar con la violencia de género, esto tiene que ser una prioridad en todas las plataformas electorales de todos los partidos políticos.

Solo así el reclamo de #NiUnaMenos será genuino y efectivo, ya que mientras quienes deban asumir responsabilidades no lo hagan y que quienes debemos exigir que las asuman no lo exijamos, nada cambiará de raíz.

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