Una investigadora del CONICET y de la UNCUYO repasa algunos de los factores y consecuencias del trabajo infantil y adolescente en el sector agro. Cómo impactan las condiciones socioeconómicas, la falta de acceso a bienes y servicios por qué es clave el diálogo de saberes para construir soluciones, bajo la lupa.
En Argentina, se estima que dos de cada 10 infantes del ámbito rural realizan al menos una actividad productiva, según lo reflejó la Encuesta de Actividades de niños, niñas y adolescentes, realizada por el INDEC hace algunos años. El escenario –que, además, no cuenta con herramientas para brindar cifras más actuales o específicas- da cuenta de un crítico panorama donde miles de niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación de trabajo infantil, con todos efectos críticos que este problema puede generar.
“Entre los factores que juegan en esta situación está la constitución de los hogares. Una de las herramientas clave, cuando indagamos en el territorio, es la reconstrucción de las trayectorias familiares, donde podemos entender que hay dos o más generaciones que reprodujeron la misma lógica de subsistencia, al no poder acceder a cuestiones como el transporte, los servicios, la educación o la conectividad”, enumera Melina Guardamagna, doctora en Ciencia Política e investigadora del CONICET, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.
Guardamagna es directora del Centro de Estudios de Innovación Institucional para la Gobernabilidad Democrática (CEII), que depende tanto del CONICET como de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Fue justamente el CEII el que ganó un subsidio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), años atrás, para realizar estudios diagnósticos sobre la problemática del trabajo infantil en Mendoza, en particular en los cultivos del ajo y del tomate. Aquel trabajo tuvo dos etapas: una de diagnóstico y la otra, mucho más extensa y con relevación en el campo, para desarrollar metodologías que generen instancias de sensibilización y concientización del problema.
“El trabajo fue llevado a cabo con el Proyecto Offside ¡Marcando la cancha!, que pertenece a la OIT, más el equipo de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) de Mendoza. Fue realmente una articulación muy interesante donde, al menos en este caso, se puso acento en los ámbitos rurales”, resalta Guardamagna.
Del trabajo, que contó con la participación de expertos y expertas de varias disciplinas, se desprendieron luego nuevas líneas de investigación y tesis de grado y de posgrado. Además, se llevaron a cabo múltiples actividades de extensión en territorios rurales junto a recomendaciones de política, algunas de las cuales ya se están implementando.
Varios contextos, el mismo panorama crítico
Cuenta Guardamagna que, dentro del universo rural, que en Argentina es extenso debido a su condición fuertemente agropecuaria, hay distintas variaciones. “En la vitivinicultura, por ejemplo, no hay tantos casos de trabajo infantil como en otras áreas, como en las actividades hortícolas la cosecha de hojas verdes. Eso tiene que ver con que, en la primera, al haber medianos y grandes productores que exportan y que necesitan ‘introducirse’ al mundo internacional, deben cumplir y respetar y certificar normas de calidad y buenas prácticas agrícolas. En cambio, en otros espacios hay mucha más precariedad laboral”, apunta.
Otra cuestión tiene que ver con las cadenas de valor de los productos, donde, nuevamente, se pone de relieve la necesidad de comprender todas las dimensiones del territorio. “Es importante entender la especificidad territorial de cada situación. En el caso de la producción de ajo, por ejemplo, y de todo lo que tiene que ver con el empaque, hay más trabajo infantil. Y se debe a cómo se terceriza ese trabajo, cómo es, muchas veces, la contratación, si se paga a una persona por cantidad y entonces el adulto contratado pone a toda la familia a trabajar, para que rinda más el pago y el tiempo”, ejemplifica la investigadora del CONICET.
Uno de los principales problemas, frente a todo esto, es la falta de metodologías más asertivas que permitan contar con mediciones que den cuenta del panorama real, al menos en cuanto a cifras e información cualitativa que permita una mayor comprensión de la problemática y sus causas.
“También tiene que ver con que no es tan fácil relevarla, porque nadie va a admitir, abiertamente, que favorece o que estimula el trabajo infantil, porque sería reconocer abiertamente una situación ilegal- alerta Guardamagna-. El desafío, al mismo tiempo, es que muchas veces se confunde el concepto de ‘trabajo infantil’ con el de ‘ayuda’, por lo que tenés a un montón de niños, niñas y adolescentes en una situación de trabajo infantil en cierto modo camuflada”.
Lo mismo ocurre, agrega la investigadora, con el trabajo que, principalmente, niñas y adolescentes realizan dentro de sus hogares, al quedar muchas veces a cargo del cuidado de hermanos más pequeños y de las tareas domésticas.
Una luz entre tantas sombras
Más allá de estos déficits, la doctora en Ciencia Política destaca, sin embargo, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, que se articula con las COPRETI de cada provincia. “Aborda todas las aristas posibles sobre cómo generar información y cómo fortalecer las instancias de sensibilización, de capacitación, de prevención y de erradicación.
“Claro que, más allá de las ventajas del Plan, hay que ver si la temática es prioridad o no de cada gestión de gobierno. Cuando no es un ‘problema de agenda’, estas iniciativas se empiezan a desfinanciar. Y, cuando es así, con territorios tan amplios y con dinámicas tan complejas, se termina dependiendo de la voluntad de los actores sociales y de la articulación que puedan establecer entre ellos”, se lamenta.
En este sentido, para Guardamagna ha sido clave el financiamiento de la OIT, que, según explica la investigadora social, destinó puso recursos para el despliegue territorial de las COPRETI, sobre todo en instancias de visibilización, sensibilización y capacitación del problema. “Muchos funcionarios y funcionarias y otros agentes del Estado que tienen que ver directa o indirectamente con la problemática no la conocen. Hablamos de docentes, sectores de la salud, de la justicia, funcionarios de Desarrollo Social, entre otros. En Mendoza, estoy va cambiando y, una gran parte se debe al apoyo del Proyecto Offside-OIT.”, enumera.
La investigadora nombra el caso del INTA, cuyo sector de extensión tiene contacto en territorio con empleadores, productores y trabajadores, y cuyos integrantes, muchas veces, resignifican sus labores al conocer la problemática.
“Nos pasó, por ejemplo, con un proyecto de la OIT y del INTA para instalar tanques y que una población en particular pudiera tener acceso al agua potable –ejemplifica Guardamagna-. Es clave porque el acarreo de agua desde grandes distancias es una tarea que suele recaer en los niños, y, con estos tanques, estos podían tener más tiempo para la recreación, para jugar, para estudiar”.
Según cuenta la especialista, algunos de los integrantes del equipo, que se dedicaban a temas más técnicos en el proyecto, comentaban que “nunca se habían puesto a pensar cómo ese tipo de iniciativas podía cambiarles la vida a esos niños”.
“Es un poco la resultante de cómo se compartimentaliza el saber en las universidades, cada uno desde su especificidad: la agronomía, el trabajo social, la salud, la educación, piensa las soluciones desde un área de política. Pero cuando se incorporan otras formas de conocimiento interdisciplinario, las interacciones son interesantísimas y posibilita que las acciones tengan otro alcance”, valora.
La mirada a nivel internacional
Cuenta la investigadora que, en el resto del mundo, hay una tendencia a incorporar y mejorar cada vez más las buenas prácticas, lo que incluye la Agenda 2030 y la preocupación por la sustentabilidad. Específicamente, puntualiza, el logro de la Alianza 8.7, a través de la cual se busca adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de seres humanos y el trabajo infantil.
“Hay toda una corriente que empieza a pensar este término no solo desde lo ambiental, sino, también, en relación con las condiciones laborales, de higiene y de seguridad”, apunta la científica, quien menciona como espacio clave una política pública nacida en Mendoza y luego replicada en distintos puntos del país: el programa Buena Cosecha, espacios de cuidados dirigidos a trabajadores agrarios con niños, niñas o adolescentes a cargo.
“Sería ideal que estos lugares se sigan replicando para que los niños y niñas no estén en la unidad productiva con sus padres, sino que reciban cuidados, salud, educación, hagan actividades recreativas- resume la investigadora-. Es parte de todo un mosaico de tareas que se llevan a cabo contra esta problemática, sin dejar de lado que estamos en el continente más desigual y con cada vez más pobreza, porque esa realidad está.”.
A modo de conclusión, Guardamagna destaca los proyectos como Offside de la OIT. “A lo largo de estos cinco años, ha facilitado e impulsado la articulación y coordinación de múltiples actores y la generación de capacidades para el abordaje de la problemática que hoy quedan instaladas en el territorio provincial. Es una situación compleja., pero ahí vamos”.
Un curso para interiorizarse aún más
La Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina relanzó su curso gratuito, online y autoguiado “Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agropecuario”, para contribuir a generar herramientas para la acción. Esta iniciativa se da en el marco del proyecto Offside: ¡Marcando la cancha! y con motivo del 25° aniversario del Convenio núm. 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
“Hoy, más que nunca, es necesario redoblar esfuerzos y encontrar respuestas integrales; para que niños y niñas estén en el lugar que deben estar: estudiando y jugando, pero nunca trabajando.” expresó la directora de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, Sara Luna Camacho. La iniciativa también busca proteger el trabajo realizado por adolescentes, según la normativa vigente en el país.
Para inscribirse, se puede consultar en este link.
Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)
