El gobierno nacional asignará $500 millones para completar obras en dos cárceles de la provincia; Garavano aseguró que “son las primeras que se construyen en muchos años”
El Gobierno nacional anunció ayer la asignación de 500 millones de pesos para la finalización de las obras de ampliación de dos cárceles en Campana y Lomas de Zamora, que sumarán 756 plazas al sistema.
El anuncio fue realizado en un encuentro del que participaron el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, su par bonaerense, Gustavo Ferrari, y el secretario de Justicia nacional, Santiago Otamendi. Posteriormente, los funcionarios fueron recibidos por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
El convenio, enmarcado en el programa “Justicia 2020”, permitirá terminar la construcción de los presidios de Campana y Lomas de Zamora, los cuales tendrán una capacidad para 216 y 324 internos, respectivamente.
El ministro nacional aseguró en declaraciones a DIB que la situación carcelaria en la provincia “es grave”, y que existe un “problema de superpoblación carcelaria muy severo”. En ese marco, destacó que las nuevas unidades penales son “las primeras que se construyen en muchísimos años en la provincia de Buenos Aires”.
“Venimos trabajando desde el comienzo de la gestión con todas las administraciones de Justicia del país, tenemos un programa de apoyo que venimos ejecutando prácticamente en todas las jurisdicciones y en ese marco se dispone este apoyo a la Provincia para la realización de dos cárceles”, sostuvo Garavano.
En ese marco, el funcionario aseguró que las inversiones se enmarcan “en la reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que va en línea con la reforma del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y que tiene que ver con la rehabilitación social, el trabajo y las escuelas en cárceles, uso de dispositivos electrónicos y arrestos domiciliarios”.
En tanto, Ferrari destacó que las obras, que habían comenzado con la inversión de 253 millones de pesos aportados por el Estado provincial, son “fundamentales” porque no sólo mejorarán la condición de alojamiento de más de 500 detenidos, sino que “facilitarán su acceso a programas de reeducación y reinserción social”. (DIB)
