Habrá un incremento del 18% en agosto y uno del 9% en septiembre. Luego del firme reclamo de AIEPBA el gobierno bonaerense autorizó un nuevo tope arancelario que contempla aumentos del 18% promedio en las cuotas a partir del 1 de agosto, aunque la entidad le dijo a EL DEBATE que la “considera que es insuficiente” y que “mantiene su planteo de recomponer el valor de los aranceles de acuerdo con los niveles inflacionarios y de otras variables de la economía”.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo cuadro tarifario con incrementos promedio de 18% en los aranceles educativos a partir de agosto y de un 9% en septiembre. Cuando regresen de sus vacaciones, 1,4 millones de alumnos que pertenecen a ese sistema en Buenos Aires deberán afrontar el nuevo valor de la tarifa.
El ajuste se dio tras el reclamo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) que ya anticipó que “lo considera insuficiente y mantiene su planteo de recomponer el valor de los aranceles de acuerdo con los niveles inflacionarios y de otras variables de la economia”.
El secretario Ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita, explicó que la entidad “seguirá reclamando por soluciones para afrontar los severos inconvenientes que atraviesan las instituciones de enseñanza de la provincia que arrastran una crisis desde la pandemia y que no logran recuperarse”.
Por eso -reiteró- “pedirán al Gobierno una solución integral y respuestas concretas sobre diversas situaciones que ponen en riesgo la prestación del servicio educativo de calidad que siempre brindo el sistema de enseñanza privado”.
La Aiepba le reclamó al Gobierno bonaerense mediante una carta documento para que autorice de manera “urgente” a los colegios privados el incremento de sus aranceles educativos para agosto en un 22%, retroactivo al mes de julio, a cobrar en 5 cuotas.
No es la primera vez que envían una nota con respecto al tema, pero ante la no respuesta se vieron obligados a volver a solicitar esta aprobación.
Desde la institución aseguran que luego del acuerdo paritario del 30 % dispuesto para los docentes estatales y los índices inflacionarios vigentes, resulta necesario aplicar una recomposición a fin de evitar mayor desestabilización económica de los colegios, que por los desfasajes acumulados en muchos casos tuvieron que asumir deudas desde 2022 para sostener los servicios educativos y en otros agravó la continuidad de las instituciones.